Tanto Italia como Gran Bretaña se convertirán en países con una dura legislación en contra de los inmigrantes ilegales, cuando avancen en sus respectivos proyectos para endurecer la legislación al respecto.
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En primer lugar, el gobierno británico endurecerá las leyes inmigratorias del país, para penar a aquellos funcionarios que no cumplen con los requerimientos oficiales y favorecen la estadía de los ilegales.
Las autoridades tienen previsto dar más poderes a la Oficina del Comisionado de Servicios Inmigratorios para luchar contra consejeros de inmigración "inescrupulosos y no-calificados" que "asesoran" a inmigrantes para quedarse en el país.
La medida fue ideada tras recibirse 3.500 denuncias al respecto. Con esta iniciativa, el Comisionado, que regula a más de 1.600 firmas de asesoramiento inmigratorio y 4.000 consejeros, podrá sancionar a las entidades cuyas practicas "no sean adecuadas".
También prohibirá el desempeño de aquellos consejeros que den información falsa a inmigrantes. La Oficina del Comisionado logró condenar desde 2001 a 77 organizaciones e individuos y multó a 67 firmas de asesoría legal.
En tanto, la Cámara italiana de Diputados aprobó hoy con 297 votos a favor, 255 en contra y 3 abstenciones el proyecto de ley en materia de seguridad, que define como delito la inmigración de personas sin documentación regular, norma que debe ahora pasar al Senado.
El texto adoptado, sobre el cual el Ejecutivo consiguió tres votos de confianza, colocará a Italia entre los países más duros en Europa en la lucha contra la inmigración de personas sin la documentación requerida.
La ley prevé establecer un delito de "inmigración y permanencia ilegal" en la península.
La norma de seguridad y extranjería, muy controvertida, tipifica la inmigración de personas "sin papeles" como delito y permite la formación de patrullas (rondas) locales contra el crimen integrada por civiles.
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, vinculó el voto de la ley a un voto de confianza para garantizar la aprobación en el Parlamento de la norma, que entre otras cuestiones estipula el tiempo en el que los inmigrantes que carecen de papeles sean retenidos en centros de detención.
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