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Esta es la cuarta vez que la justicia paraguaya solicita su detención y extradición de quien gobernó el país durante 35 años y se encuentra asilado en Brasil desde su derrocamiento, en 1989.
El juez Gustavo Santander emitió la orden por la desaparición de los paraguayos Federico Tatter, Ignacio Samaniego y Oscar Luis Rojas, presuntamente detenidos entre 1976 y 1978 en el marco del operativo de intercambio de prisioneros políticos e información entre las dictaduras de la región, denominado "Operación Cóndor".
El magistrado citó además a indagatoria al general retirado Alejandro Fretes Dávalos, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante la dictadura de Stroessner, y a otros 30 militares en situación de retiro que estaban bajo el mando del general, para que prestaran declaraciones.
El ex gobernante, de 91 años, sólo podrá ser capturado si el gobierno brasileño decide revocar el asilo político, asunto que siempre encontró una negativa absoluta por parte de la cancillería de ese país.
"Es una medida inocua porque el general (Stroessner) está gozando de asilo político en Brasil y ya en varias oportunidades se han rechazado los pedidos en su contra", dijo a la prensa el abogado del ex gobernante, Hirán Delgado.
Organismos de derechos humanos atribuyen al gobierno de Stroessner al menos 900 casos de asesinatos y desapariciones, y varios miles de torturas.
Las fichas de Tatter, Samaniego y Rojas, presuntamente desaparecidos en Argentina, aparecen en los archivos secretos de la policía política de Stroessner.
Fueron descubiertos en Paraguay en 1992 por activistas de derechos humanos, que dejaron al descubierto la "Operación Cóndor".
El juez Carlos Escobar ya había dictado una orden de extradición contra el ex dictador en junio de 2001 por el secuestro y asesinato de dos personas en 1976 y otra en agosto de 2002 por la muerte de una mujer en 1979.
En el año 2000, otro juez de Paraguay emitió una orden similar contra Stroessner por el asesinato del médico Agustín Goiburú, quien murió presuntamente después de haber sido víctima de torturas.
También en 2001, un magistrado argentino ordenó su captura con fines de extradición por el secuestro y desaparición de los argentinos Dora Landi y Alejandro Logolusso, la chilena Cristina Careño y los paraguayos Federico Tatter y María Esther Ballestrino.
La nueva orden surgió dos semanas después de que la Corte Suprema de justicia de Chile despojara de sus fueros al ex presidente de facto Augusto Pinochet para que responda por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de opositores arrestados durante la Operación Cóndor.
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