La Constituyente aprobó reformas en medio de violencia en las calles
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En las afueras del liceo militar donde deliberó la Constituyente, se libran, mientras tanto, fuertes escaramuzas entre pobladores de Sucre (sureste), representantes de organizaciones civiles de oposición, y la policía con el saldo hasta ahora de un muerto y al menos tres heridos.
La víctima, un abogado de 29 años de edad, fue identificada como Gonzalo Durán, que pereció con una herida de bala "a la altura del tórax", consecuencia de los choques.
Un responsable médico del seguro social universitario informó además que a la posta sanitaria de ese centro médico llegaron tres estudiantes heridos, aunque no detalló con exactitud la gravedad de sus lesiones.
La Constituyente se mantenía trabada desde el 15 de agosto por desacuerdos internos y por presiones de organizaciones civiles de Sucre.
En las afueras del recinto militar hacían vigilia también cientos de campesinos llegados de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba, que mantienen escaramuzas con universitarios y pobladores que desde el viernes desatan violentos choques con la Policía local.
La dirigencia civil regional anticipó que no aceptaría las resoluciones de la Constituyente si en su agenda no está incluido su pedido de traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre, en desmedro de La Paz, donde actualmente se encuentran.
El principal dirigente civil de Sucre, Jaime Barrón, calificó también de ilegales las deliberaciones de la Constituyente y afirmó que su región convocaría a un referendo para decidir su autonomía, aunque la propuesta carece de sustento legal.
La Constituyente trabaja contrarreloj debido a que debe entregar la nueva Carta Magna -aprobada en sus estaciones "en grande" y "en detalle"- antes del 14 de diciembre, nuevo plazo fatal luego de una ampliación el 6 de agosto.
Fuertes crisis internas evitaron que el foro constituyente avance en su tarea en los anteriores 15 meses, y a 20 días del plazo no ha redactado ni un solo artículo de la carta política.
Grupos civiles de oposición habían alertado previamente sobre la posibilidad de que el oficialista MAS -con mayoría de 55% en la Asamblea- apruebe la Constitución sin consenso y sin discusión, ante lo cual los gobernadores de cinco regiones de las nueve de Bolivia amenazaron con convocar a una "desobediencia civil".
Morales -que en mayo de 2006 nacionalizó los hidrocarburos de manos de multinacionales petroleras- quiere una nueva Constitución para impulsar su política de cambios, que incluye la recuperación de recursos naturales en favor del Estado.




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