La Asamblea General por votación casi unánime solicitó poner fin al bloqueo comercial contra la isla
La Asamblea General de la ONU pidió a Estados Unidos por votación casi unánime poner fin al embargo comercial y financiero aplicado contra Cuba desde hace 48 años.
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La Asamblea General de la ONU votó en forma abrumadora, por 187 votos contra dos y tres abstenciones, en favor de una resolución que insta a Estados Unidos a poner fin al embargo económico de cinco décadas contra la isla.
La votación fue ligeramente más favorable a Cuba que el año anterior, cuando un texto equivalente recibió 187 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.
La Asamblea general de la ONU instó en la resolución a todos los países a abstenerse de aplicar leyes dirigidas a reforzar y ampliar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.
Antes de la votación, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, que participó en la reunión de la Asamblea General, criticó que la administración de Barack Obama haya ratificado el embargo a Cuba, lo que muestra que el país estadounidense "no tiene intención alguna de eliminar el bloqueo" y denunció que en 2010 "el cerco económico se endureció".
Además, mencionó que, "según encuestas recientes", el 71 % de los estadounidenses abogan por la "normalización" de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
A lo largo de la sesión, la petición por parte de la mayoría de países para que Estados Unidos elimine el bloqueo se sucedió una vez detrás de otra. Desde China, a Brasil en nombre de Mercosur, Venezuela, Irán y Rusia.
Por su parte, el representante estadounidense, Ronald Godard, defendió que su país, como "todos los otros países", tiene el "derecho soberano" de decidir qué relaciones económicas quiere, y se dirigió a la Asamblea remarcando que el embargo es una cuestión "bilateral" y no algo que se tenga que tratar en un foro internacional. Este es el 19 año consecutivo que la Asamblea General aprueba una resolución que pide el fin del embargo.
Esta semana la Unión Europea decidió evaluar las medidas restrictivas hacia el gobierno de la isla. La medida fue impulsada por la flamante ministra de relaciones exteriores de España, Trinidad Jiménez.
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