Gran Bretaña se debate hoy en la disyuntiva entre reforzar la seguridad, una necesidad imperiosa del momento, y preservar a rajatabla los derechos individuales, una tradición que a lo largo de su historia ha mantenido de un modo que no tiene paralelos en el mundo. Contrariamente a lo imaginado por la izquierda local e internacional, que se opuso ferozmente a la guerra en Irak, no existe entre los ciudadanos un sentimiento de reproche a su gobierno por los brutales atentados del jueves. Convencido de que el terrorismo de cuño islamista ha llegado para quedarse, Tony Blair busca dar una respuesta urgente que restablezca el dañado sentimiento de seguridad de la población. Mientras siguen las investigaciones -sin mayores avances, por lo menos de acuerdo con lo que se exhibe públicamente-, el premier laborista anunció un plan que refuerza drásticamente el control sobre las comunicaciones privadas, tanto por teléfono como por correo electrónico. Más allá de las polémicas, en un remarcable caso de unanimidad nacional, inclusive parte de la prensa de izquierda entiende que los derechos civiles necesariamente deberán subordinarse en los próximos años a los esfuerzos de seguridad.
Desafiando el miedo, miles de veteranos de la Segunda Guerra y ciudadanos comunes participaron ayer en Londres de los actos por el 60° aniversario del final de esa contienda.
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En el marco de las investigaciones, las autoridades han pedido a la población que entregue las numerosas fotos tomadas con teléfonos celulares en los lugares de las explosiones para su estudio por expertos.
Las alarmas sobre un posible nuevo atentado se dispararon el sábado, cuando 20.000 personas debieron ser evacuadas en Birmingham (centro de Inglaterra) por una amenaza terrorista «seria y creíble». Finalmente, los paquetes sospechosos encontrados no contenían ninguna bomba, pero la alerta prosiguió.
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