Lanzan en Brasil una investigación de alto impacto por genocidio en la era Bolsonaro

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Incluye también delitos ambientales y desvío de dinero público. Casi cien yanomamis menores de 5 años murieron el año pasado por desnutrición, neumonía y malaria.

Brasilia - La Policía Federal (PF) de Brasil inició una investigación por presunto genocidio de indígenas yanomamis durante la gestión de Jair Bolsonaro, luego de que un informe oficial revelara la muerte por desnutrición y paludismo de casi un centenar de niños de ese pueblo originario, informó ayer el ministro de Justicia.

En paralelo, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció el cese de más de medio centenar de funcionarios públicos, entre ellos una docena de militares, que se despeñaban en diferentes áreas relacionadas con la asistencia a las comunidades indígenas.

“Determiné la apertura de una nueva investigación policial para averiguar (si hubo) genocidio”, declaró el ministro Flávio Dino al canal de noticias CNN Brasil.

“Consideramos que hay indicios muy fuertes de negativa a la asistencia nutricional y de salud de esas poblaciones indígenas, hubo intención”, agregó.

Ante las acusaciones, Bolsonaro señaló que estas son “otra farsa de la izquierda”.

Según posteó en las redes sociales, durante su mandato, “la atención de salud indígena fue una de las prioridades del gobierno federal. Desde 2019 hasta noviembre de 2022, el Ministerio de Salud brindó más de 53 millones de servicios de atención primaria a poblaciones tradicionales.

“Otra medida inicial fue la adopción del protocolo sanitario para el ingreso a territorios indígenas. Tanto en el año del decreto de pandemia como en el siguiente, se elaboraron informes técnicos para orientar a los servicios de salud en el diagnóstico, testeo, prevención, control y aislamiento”, agregó el expresidente.

Bases

Pese a sus dichos, la investigación apunta a acciones y omisiones de funcionarios públicos y exjerarcas de la salud en tierras yanomamis, en el norte de Brasil. También abarcará supuestos crímenes ambientales y desvío de recursos públicos.

El anuncio ocurre luego de que el Gobierno de Lula da Silva revelara el sábado pasado que 99 yanomamis menores de 5 años murieron el año pasado en la mayor reserva indígena de Brasil por desnutrición, neumonía y malaria. Las autoridades hallaron además numerosos casos de menores con desnutrición grave, malaria, infecciones respiratorias y otras complicaciones de salud en una visita la semana pasada, informó la cartera.

En paralelo, el Gobierno anunció ayer que 54 personas fueron destituidas, entre las cuales hay 11 coordinadores regionales de la Secretaría de Salud Indígena (Sesai) y otros 43 jefes regionales y estatales de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), incluyendo 13 militares. Ambas instituciones dependen del Ministerio de Salud.

Si bien esa cartera precisó que estas revocaciones son parte de los procesos naturales en un cambio de Gobierno, se dieron a conocer días después de que Lula da Silva denunciara el “genocidio” del que habían sido víctimas comunidades como el pueblo yanomami.

Por primera vez, la Sesai y la Funai estarán lideradas por miembros de estas comunidades originarias, y la segunda organización pasará a integrar la cartera de Pueblos Indígenas.

Drama

Lula da Silva, quien asumió por tercera vez el poder el pasado 1 de enero, describió un escenario “inhumano” luego de visitar el sábado el norteño estado amazónico de Roraima.

“Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un Gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño”, publicó el mandatario.

Entre los estados de Roraima y Amazonas se extiende la Tierra Indígena Yanomami, de 96.000 kilómetros cuadrados, hogar de unos 30.400 indígenas.

En un viraje frente a la política de su antecesor, el ultraderechista Bolsonaro, que mantuvo una postura hostil hacia los pueblos nativos, Lula da Silva creó un ministerio para atender sus demandas.

Ante esa crisis en tierras yanomami, su Gobierno declaró la emergencia sanitaria en ese territorio.

El nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas alertó que esta región padece una crisis humanitaria y alimentaria son precedentes y cifró en al menos 570 los menores de edad que murieron por desnutrición o alimentos contaminados por el mercurio, como consecuencia de la invasión de la minería ilegal, describió G1.

Además, el avance de la minería ilegal impulsa la proliferación de enfermedades, como la malaria, tuberculosis e incluso el coronavirus, de acuerdo con especialistas, en una reserva que es escenario habitual de enfrentamientos entre indígenas y mineros ilegales que mataron a habitantes y abusaron sexualmente de mujeres y niñas, de acuerdo con denuncias de asociaciones e indígenas.

Las autoridades hallaron en las tierras yanomamis “una estructura de asistencia muy precaria”, aseguró Dino.

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