Llamó EE.UU. a consultas a su embajador en Bolivia
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Evo Morales
«Esperamos que el gobierno boliviano continúe cumpliendo sus obligaciones internacionales», concluye la nota en tono severo.
El lunes de la semana pasada, con puños en alto y gritos enfurecidos de «¡Justicia!», miles de vecinos de la ciudad de El Alto llegaron a La Paz para asediar la Embajada de Estados Unidos, luego de que comenzara a circular la versión de que Berzaín había recibido asilo político en aquel país.
Los manifestantes intentaron romper el cordón de seguridad que instalaron al menos unos 200 policías frente a la legación diplomática.
Fue el propio Sánchez Berzaín quien dio cuenta de su estatus de asilado en recientes declaraciones a la prensa. Pero la confirmación del asilo al ex funcionario fue hecha por el gobierno boliviano, que a través de su embajada en Washington entregó la semana pasada a la prensa los documentos presentados por Sánchez Berzaín ante una corte de Florida (sudeste), que comprueban la condición que le fuera otorgada en abril de 2007 por las autoridades estadounidenses.
El gobierno de Evo Morales teme que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, también residente en Estados Unidos, como su ex ministro Berzaín luego de la caída de su administración en octubre 2003 tras una sangrienta revuelta que dejó más de 60 muertos, obtenga asimismo el estatuto de asilado.
La Paz ha venido solicitando la extradición de Sánchez de Lozada desde que asumió Morales en enero de 2006, aunque no ha concretado formalmente el pedido a Estados Unidos.
Morales exhortó a Estados Unidos a que no proteja al ex ministro, tras lo cual el canciller boliviano, David Choquehuanca, se reunió con el embajador Goldberg en La Paz, y luego de la cita consideró « insuficientes» sus explicaciones sobre el asilo al requerido ex ministro.
La situación vino a tensar aún más la conflictiva relación entre el gobierno de Morales y el embajador norteamericano, al que La Paz acusa de apoyar a regiones opositoras que buscan estatutos autonómicos en Bolivia, a los que se opone el Ejecutivo.


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