Los manifestantes de Hong Kong aceptaron dialogar con el gobierno
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Las calles de Hong Kong, casi vacías.
El jefe del ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, odiado por los manifestantes, los exhortó a dejar trabajar a los 3.000 funcionarios que llevan una semana inactivos por las manifestaciones y los festivos.
Leung se declaró dispuesto a "tomar todas las medidas necesarias para restablecer el orden público".
La coalición prodemocracia Occupy Central tuiteó la noche del domingo la decisión de los manifestantes de liberar el acceso a la sede del gobierno y abandonar el barrio comercial de Mong Kok, donde violentos choques los opusieron a vecinos hartos y manifestantes favorables a Pekín.
Aunque la movilización parecía más floja que hace unos diez días, nada indicaba que los manifestantes más determinados estuvieran dispuestos a marcharse.
"Nos quedaremos aquí hasta que el gobierno nos escuche", prometía el lunes Jurkin Wong, un estudiante de 20 años, a dos pasos de una inmensa estatua de madera que representa un hombre con un paraguas, el emblema del movimiento prodemocracia conocido ahora como la "revolución de los paraguas".
"Voy a casa a descansar y volveré para continuar la protesta", coincidía Thomas Chan, de 20 años.
La Federación de Estudiantes de Hong Kong (HKFS), que ya se había reunido el domingo con representantes del gobierno -si bien hizo saber que no se trataba en ningún caso de una "negociación oficial sobre la reforma política", sino de una "reunión preparatoria"- se volvió a reunir en la noche del lunes, aceptando avanzar hacia negociaciones formales.
"Tendremos múltiples rondas de negociación", declaró un dirigente de la HKFS Lester Shum.
Ray Lau, subsecretario de asuntos constitucionales, indicó que se reunirá por tercera vez con los estudiantes el martes, con el fin de programar un encuentro de estos últimos con Carrie Lam, la número 2 del gobierno local.
Hong Kong, ex colonia británica, vive su peor crisis política desde la retrocesión del territorio a China.
Pekín aceptó instaurar el sufragio universal para la próxima elección del jefe del ejecutivo local en 2017, pero pretende conservar el control de las candidaturas, una propuesta inaceptable para los manifestantes que han salido masivamente a protestar a la calle desde el 28 de septiembre.
Las autoridades chinas, que temen que el movimiento se extienda, lo han criticado calificándolo de "ilegal" y acusando a sus promotores de crear una "clima hostil".




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