El sorpresivo decreto de nacionalización de los hidrocarburos emitido por Evo Morales otorga 180 días a las compañías extranjeras que operan en el país para adecuar su situación al nuevo marco legal.
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El Estado recupera la propiedad, la posesión, el control total y absoluto de todos los recursos hidrocarburíferos, añade.
A partir del 1 de mayo de 2006 las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo están obligadas a entregar la propiedad a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
YPFB, en representación del Estado, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización.
Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del decreto de nacionalización.
Para garantizar la continuidad de la producción, YPFB tomará a su cargo la operación de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto.
Durante el período de transición (180 días), el valor de la producción se distribuirá en los grandes yacimientos de la siguiente manera: 82% para el Estado y 18% para las compañías, porcentaje que cubre el costo de operación, amortización de inversiones y utilidades, según el presidente Morales. No está claro si este reparto regirá para todas las áreas.
El Ministerio de Hidrocarburos determinará caso por caso, mediante auditorías, las inversiones realizadas por las compañías, así como sus amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en cada campo.
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