La detención y desaparición de la activista de Derechos Humanos Martha Lía Grajales en Caracas provocó un inédito pronunciamiento de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que reclamaron al gobierno de Nicolás Maduro por su inmediata aparición. También se expresaron otras organizaciones y Adolfo Pérez Esquivel.
12 de agosto 2025 - 14:52
Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel reclamaron contra el régimen de Nicolás Maduro por la desaparición de una activista
La referente de Derechos Humanos fue arrestada por la Policía Nacional Bolivariana. El hecho ocurrió tras una protesta frente a la ONU de Caracas.
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Martha Lía Grajales fue detenida el pasado 8 de agosto.
“Pedimos encarecidamente que las autoridades correspondientes tomen medidas para la inmediata aparición de la señora Grajales sana y salva, y para la puesta bajo la justicia penal constitucional de los responsables de su denunciada desaparición”, señaló el comunicado firmado el 9 de agosto por María Adela Antokoletz, vicepresidenta de la organización.
La abogada colombo-venezolana y exmilitante chavista fue arrestada el viernes 8 de agosto por agentes de la Policía Nacional Bolivariana, luego de participar en una protesta frente a la sede de la ONU en Caracas.
La protesta y el ataque de grupos parapoliciales
La manifestación, compuesta principalmente por madres de presos políticos, tenía como objetivo denunciar las agresiones sufridas días antes durante una vigilia pacífica en el Tribunal Supremo de Justicia. En esa ocasión, los llamados colectivos chavistas —grupos armados parapoliciales— golpearon, robaron y atacaron a las manifestantes, entre ellas la propia Grajales.
Por primera vez, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y dirigentes del Frente de Izquierda expresaron públicamente su repudio a la represión ejercida por el régimen venezolano.
Desde su detención, Grajales permanece desaparecida. Sus familiares y abogados intentaron presentar un hábeas corpus para conocer su paradero y estado de salud, pero la justicia venezolana lo rechazó.
Acusaciones de “terrorismo de Estado”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó el caso como un acto de “terrorismo de Estado”, en un contexto de represión posterior a las elecciones presidenciales de 2024, en las que Maduro se autoproclamó ganador de un tercer mandato, resultado no reconocido por ninguna democracia occidental.
La activista Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina, destacó el valor político del pronunciamiento: “Tuvimos que esperar mucho tiempo y, en este caso, a que ocurriera con una dirigente de izquierda, pero es importante. No hay justificación para callar ante los crímenes de una tiranía que secuestra, desaparece, tortura y asesina”.
Trotta compartió tanto el comunicado de las Madres como el proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados para exigir la liberación de la activista.
La carta de Adolfo Pérez Esquivel y el rol de CELS
El CELS también reclamó información sobre el paradero de Grajales y la liberación de todos los defensores de derechos humanos detenidos arbitrariamente: “¿Dónde está Martha Lía Grajales? Exigimos que Venezuela respete su integridad, informe su paradero y ordene su libertad inmediata, así como la del resto de defensorxs de derechos humanos detenidxs de manera arbitraria”.
A estos pedidos se sumaron dirigentes como Myriam Bregman y Christian Castillo, quienes responsabilizaron al gobierno venezolano por la salud e integridad de la activista. También manifestaron su repudio las legisladoras Alejandrina Barry, Mercedes Trimarchi y Andrea D’Atri, así como los diputados Alejandro Bodart, Celeste Fierro, Vilma Ripoll, Luciana Echevarría, Mercedes de Mendieta y Juan Carlos Giordano.
El domingo, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel difundió una carta firmada por decenas de activistas latinoamericanos bajo el título: “Defender los derechos humanos de las personas humildes no es un delito: Libertad inmediata para Martha Lía Grajales”.
La respuesta del oficialismo de Venezuela
En paralelo, el gobierno de Venezuela intentó contrarrestar el impacto de las críticas difundiendo un comunicado de apoyo a Maduro, firmado por Carmen Arias y por las filiales de Mar del Plata y Tucumán de las Madres de Plaza de Mayo, en el que manifestaban su solidaridad ante las “nuevas amenazas lanzadas contra él por el imperialismo norteamericano”.
Un patrón de represión y desapariciones forzadas
El caso de Grajales no es un hecho aislado. Un informe reciente de Amnistía Internacional reportó que en Venezuela existen más de 800 presos políticos, entre ellos casi un centenar de mujeres y cuatro adolescentes. El documento denuncia el uso sistemático de desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado contra la población civil, especialmente opositores y disidentes.
En la actualidad, alrededor de 50 personas permanecen desaparecidas sin contacto con familiares ni abogados, entre ellos dirigentes opositores, periodistas y activistas de derechos humanos.
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