Debilitado desde su derrota en el referendo constitucional de diciembre último, Hugo Chávez se enfrentará en noviembre a una prueba crucial para el liderazgo que mantuvo en la última década. Así, las elecciones regionales y municipales que se avecinan cobran una relevancia mayor que la que a priori merecerían, lo que explica en buena medida su imparable avanzada estatizadora de los últimos meses.
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Pero su ofensiva, que tiene como objetivo final la consolidación de su proyecto socialista, no es sólo económica. En lo político cobra ribetes al menos igual de polémicos, tras la inhabilitación de 400 dirigentes acusados de corrupción para competir en noviembre, la mayoría opositores, sin que medie ninguna decisión judicial. La pelea excede el intento de controlar el aparato productivo y apunta en realidad al control sobre la sociedad.
«En un contexto autoritario, las nacionalizaciones le dan un poder muy grande al Estado sobre la sociedad», aseguró el periodista Alejandro Botia, del diario «Tal Cual», en conversación telefónica con Ambito Financiero. «La meta va más allá de la economía y busca avanzar hacia el control social», aseveró.
En la misma línea, Pedro Pablo Peñaloza, analista del periódico «El Universal», aseguró a este diario que la nueva ola de nacionalizaciones «forma parte de un plan para imponer su estrategia económica socialista. El Estado se hace cada vez más grande y adopta posiciones más extremas, cada vez más radicales».
Chávez busca ampliar «su nómina administrativa, acaparando a los trabajadores venezolanos», añadió. De esta forma, «va politizando la economía y aumentando la presión sobre los empleados», a los que les va quitando « herramientas para manifestarse». «Así, pronto veremos a todos los trabajadores vestidos de rojo, hablando maravillas del socialismo y votando sólo por una tendencia», aseveró.
«Todos los pasos desde eneroestán pensados para las elecciones», indicó Botia. Eso, claro, incluye las polémicas inhabilitaciones de candidatos.
La nueva estrategia nacionalizadora fue inaugurada con la Siderúrgica del Orinoco Ternium-Sidor. A fines de julio, tras una mediática reconciliación con el rey Juan Carlos en España, Chávez sorprendió al anunciar su decisión de estatizar el Banco de Venezuela, filial del grupo financiero español Santander y uno de los bancos privados más grandes del país. La reacción del grupo y del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido medida, seguramente a la espera de un acuerdo satisfactorio en concepto de indemnización.
Cementeras
Por el momento, el último eslabón de la cadena de nacionalizaciones fueron las de las cementeras Holcim (Suiza), Lafarge (Francia) y la mexicana Cemex, esta última menos consensuada -todas operaciones financiadas con petróleo caro-, lo que desató quejas inmediatas del presidente Felipe Calderón.
En 2007, cuando una mayoría de la población avalaba las políticas chavistas, el Estado venezolano inició la primera serie de nacionalizaciones. La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), en poder de la firma estadounidense Verizon, fue la primera víctima, a la que le siguió la de la Electricidad de Caracas, de la también norteamericana AES. Esta seguidilla se completó en mayo en la Faja Petrolífera del Orinoco, que precipitó la salida litigiosa de ExxonMobil y ConocoPhilips. No por casualidad, también estadounidenses.
Sin embargo, ese apoyo inicial encontró límites, sobre todo debido a la negativa de Chávez a renovar la licencia de transmisión a la opositora Radio Caracas Televisión (RCTV), una movida que cosechó repudio mundial y que generó una de las manifestaciones más multitudinarias en contra del gobierno. En paralelo, la inseguridad y la falta de los alimentos básicos en las góndolas de los mercados golpearon sin piedad a la clase trabajadora, su principal base de apoyo.
El descontento quedó plasmado en las urnas. El 2 de diciembre de 2007 el No se impuso sobre la nueva Constitución socialista que le permitía a Chávez la perpetuación en el poder. Ahora, de cara a los comicios regionales, el mandatario redobla su apuesta e, incrementando el control estatal sobre la economía, vuelve a recorrer el mismo camino que en 2007.
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