17 de mayo 2005 - 00:00

Más crisis en Bolivia. Hoy peor

¿Hasta dónde seguirá la crisis en Bolivia? ¿Cómo afectará a nuestro país ya que es proveedor de gas? Es y podrá ser más grave la situación, aunque la Argentina -por suerte-tiene el frío retrasado con un mayo bastante primaveral. En medio de una fuerte ola de protestas en toda Bolivia (foto), miles de indígenas coparon ayer el centro de La Paz. Exigieron la nacionalización del gas, la renuncia del presidente Carlos Mesa y el cierre del Congreso, al que los más enardecidos intentaron tomar por asalto, o sea la anarquía. Lo preocupante es que las protestas parecen desbordarse más día a día, con reivindicaciones que exceden inclusive las de la izquierda dura de Evo Morales. Mesa deberá fundamentar hoy su veto a la polémica ley del gas, que aumenta los impuestos a las empresas hasta límites casi confiscatorios (de 18% a 50%). Hay fuerte tensión ya que, ante el veto, el Congreso podría insistir con su texto, no descartándose, en ese caso, la renuncia del presidente.

Más crisis en Bolivia. Hoy peor
La Paz (AFP, EFE, ANSA, diarios locales) -Miles de indígenas y campesinos marcharon ayer hacia La Paz desde diversos puntos de Bolivia para presionar por la nacionalización del gas y el petróleo, en vísperas de que el acosado presidente, Carlos Mesa, señale sus reparos a la polémica Ley de Hidrocarburos que aprobó el Congreso.

Formados en varias columnas, vecinos de la ciudad El Alto, próxima a La Paz y epicentro de una cruenta rebelión popular que hace 19 meses derrocó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, descendieron por varias horas y diversas vías hacia el centro de La Paz, en cuya Plaza San Francisco se montó un masivo mitin que congregó a más de 10.000 personas.

Además de exigir la «nacionalización de los hidrocarburos» sin indemnizar a las empresas privadas, los manifestantes demandaron el cierre del Congreso, la renuncia de Mesa o el adelanto de elecciones presidenciales en una concentración de la que también tomaron parte líderes sindicales y sociales.


Las protestas callejeras, pacíficas en general y que colapsaron las actividades en varios puntos de la capital, estuvieron a punto de desbordarse cuando un grupo de mineros y campesinos intentó por la fuerza tomar el edificio del Poder Legislativo en la Plaza de Armas de La Paz.

• Heridos leves

Los manifestantes, que emplearon explosivos de baja potencia, fueron dispersados por la policía con descargas de gas lacrimógeno. Dos heridos leves y por lo menos cinco detenidos fue el saldo de la escaramuza que tuvo lugar a 200 metros del Palacio Quemado (presidencia) y en las puertas de un colegio privado.

La fuerte tensión derivada de la intentona obligó a evacuar el Palacio Legislativo y a redoblar el control sobre la Plaza Murillo, cuya custodia fue reforzada por militares y cuyos accesos vehiculares fueron cortados en un radio de 300 metros.

Antes de mediodía, el Movimiento al Socialismo (MAS), del líder cocalero
Evo Morales, lanzó a unos 800 labriegos sobre la carretera que une la localidad andina de Caracollo y la ciudad de La Paz.

El diputado Morales, que intenta ejercer presión sobre el Congreso -que hoy recibirá la ley del gas que sancionó a principios de mayo y que Mesa observó globalmente la semana pasada-, fue impedido de llegar al lugar por el corte del camino que vincula las ciudades de Cochabamba (Centro) y Oruro (Sur), por parte de mineros que exigen mejoras sectoriales, algo de lo que se quejó duramente.

Mineros cooperativizados se habían tomado varios puntos de un tramo de la principal carretera del país, también en demanda de la dimisión del mandatario, al tiempo que los sindicatos de maestros urbanos y médicos paralizaban las actividades de sus respectivos sectores por mejores retribuciones.

El viceministro de Coordinación Parlamentaria, Carlos Agreda, debió salir a aclarar que el mandatario, que carece de representación formal en el Congreso, «no piensa renunciar».


Un vocero del Movimiento Nacionalista Revolucionario, el diputado Luis Eduardo Siles, muy cercano a Sánchez de Lozada, dijo que Mesa «tiene los días contados» si no toma una posición respecto de la Ley de Hidrocarburos.

En momentos en que los cocaleros de los Yungas, unos valles agrícolas cercanos a La Paz, amenazan con marchar sobre la ciudad capital también por la «estatización» del gas, el ministro de Hidrocarburos,
Guillermo Torres, indicó: «Sólo queremos que se calme todo esto».

En declaraciones a
«El Diario», de La Paz, el analista Alvaro García Linera sostuvo que «la suerte del gobierno de Mesa dependerá de la fuerza con que los movimientos sociales y los comités cívicos asuman sus medidas de presión».

En ese sentido, el diario
«El Deber», de Santa Cruz de la Sierra, acotó que «las protestas se inician con posiciones y demandas dispersas y sin una proyección que les dé unidad. Unas piden nacionalizar el gas y otras sólo exigen que las petroleras paguen 50% al Estado boliviano».

En un intento por bajar la temperatura social, Mesa desplazó a negociadores a los puntos de bloqueo carretero, mientras sostenía una prolongada sesión con su gabinete de ministros.

En uno de los peores momentos de su administración, Mesa se aprestaba a devolver con observaciones puntuales la ley y deberá contar con un tercio más un voto de los 157 del Congreso para imponerse y trasuntar en ley sus observaciones. Sin embargo, analistas no descartan que una mayoría insista con el actual texto, calificado de «confiscatorio» por las petroleras ya que eleva de 18% a 50% la carga tributaria total que deben pagarle al Estado.


En ese caso, las consecuencias se dejarían ver en toda la región, ya que del suministro de gas boliviano depende el abastecimiento de la Argentina y, a través de este país, de Chile. Además, las actuales turbulencias mantienen paralizada la construcción del gasoducto que atravesará el noroeste argentino.

Más allá de las observaciones empresariales, sectores de izquierda radicalizada y el MAS se oponen, por el contrario, a una ley que mantenga invariables las condiciones de explotación petrolera en el país y reclaman por la recuperación del derecho de propiedad estatal sobre los hidrocarburos.

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