Las reformas constitucionales izquierdistas e indigenistas de Evo Morales azuzaron a la oposición conservadora, que desafía al poder central a través de la ofensiva por las autonomías regionales.
La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Las regiones rebeldes de Beni y Pando cerraron ayer sus campañas de cara a los referendos autonómicos que se celebrarán el domingo, un proceso que será impuesto por «acuerdo o revolución», advirtió el gobernador de la primera, Leopoldo Fernández, un duro opositor al presidente boliviano Evo Morales.
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Las consultas populares, calificadas de antemano por el gobierno central de ilegales, marcan un nuevo capítulo en las discrepancias políticas entre el presidente izquierdista y cuatro departamentos (provincias) que intentan dotarse unilateralmente de autonomía.
En algunos poblados de Beni (este) las radicalizadas manifestaciones de división cobraron fuerza estos días tanto por pase de organizaciones civiles que respaldan el referendo como de sectores agrarios que lo rechazan. Según medios locales, Morales se vio obligado a cancelar el miércoles dos viajes a las ciudades benianas de Trinidad y Guayaramerín, donde debía entregar obras, aunque la Presidencia desmintió esas informaciones.
El viceministro de Interior, Rubén Gamarra, denunció que en esas localidades agrupaciones indígenas oficialistas fueron golpeadas por jóvenes pertenecientes a agrupaciones de derecha. Como contracara, la dirigente del comité cívico de Beni, Bertha Suárez, denunció al diario «El Deber» que el principal líder indígena del país, Saúl Avalos, « ofrecía 200 bolivianos (unos 27 dólares) por cada cédula de identidad, para que la gente no vote».
Revolución
En ese marco, el prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández, dijo que las autonomías regionales se aplicarán por un gran acuerdo nacional o, en su defecto, por un «proceso revolucionario». «Si el gobierno dice 'bueno, no hay nada en la Constitución (sobre autonomías), ni nos da la gana de incorporarlo' lo único que no podemos hacer es cruzarnos de brazos», aseguró.
Fernández recalcó que tras los procesos estarán sentadas «las bases reales y condiciones para iniciar un proceso negociador con el gobierno» en el que las cuatro regiones tendrán «un posicionamiento único», dijo Fernández. En otro signo de agitación, Beni anunció que contratará «guardias civiles». «Serán aproximadamente 10.000 personas para garantizar todo lo concerniente al proceso» electoral, afirmó el dirigente del Comité Cívico del departamento Alberto Melgar, citado por el matutino «La Razón». El gobierno de Morales señaló que no destinará a policías y militares para proteger los recintos electorales, porque el proceso es «ilegal y secesionista».
Las campañas autonomistas de Beni y Pando cuentan con el respaldo de Santa Cruz, que realizó su consulta a principios de mayo, al punto de que su prefecto Rubén Costas se trasladó a esa región desde el martes para hacer campaña por los estatutos.
Oposición
El común denominador entre los prefectos de Beni, Ernesto Suárez, y Pando es que ambos pertenecen a Podemos, el mayor partido de oposición del país liderado por el ex presidente conservador Jorge Quiroga. El próximo 22 de junio se sumará Tarija a este ciclo de referendos.
Las consultas se realizan en momentos en que en La Paz, sede del gobierno, el oficialismo y dos pequeños partidos arribaron a un principio de acuerdo para compatibilizar desde junio la nueva Constitución de corte indigenista y los estatutos de gobierno autónomos, dos propuestas que causaron la honda crisis política de Bolivia.
Para zanjar esa crisis, el gobierno promueve un diálogo con la mediación de la Iglesia Católica y observadores de la OEA, la Argentina, Brasil y Colombia, en paralelo a un referendo nacional en que el presidente Morales, su vice Alvaro García, y nueve prefectos pondrán en juego sus cargos el 10 de agosto.
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