Masiva manifestación en Egipto contra la ampliación de poderes de Mursi

Miles de abogados desfilaron hacia la plaza Tahrir en El Cairo gritando "el pueblo quiere la caída del régimen".

Varias decenas de miles de egipcios se manifestaron este martes tras el anuncio la víspera de que el presidente islamista Mohamed Mursi mantendrá un decreto con el que se arroga amplios poderes suplementarios, a pesar de varios días de protestas y de la oposición de la justicia.

Miles de abogados desfilaron hacia la plaza Tahrir en El Cairo gritando "el pueblo quiere la caída del régimen", una de las consignas emblemáticas de la revuelta del año pasado que terminó con la caída de Hosni Mubarak.

Otras columnas de manifestantes avanzaron hacia la célebre plaza del centro de la ciudad hacia donde progresivamente llegaba cada vez más gente que protestaba contra la deriva "dictatorial" del nuevo poder.

Un militante de un partido de izquierda, Fatih Ghalib, de 56 años, murió por la mañana asfixiado por los gases lacrimógenos de la policía cerca de la embajada del Cairo, anunció su partido, lo que lleva a tres el número de manifestantes muertos en los enfrentamientos de los últimos días.

"Los Hermanos Musulmanes son mentirosos", se leía en un cartel que llevaba un manifestante, mientras que una banderola desplegada en una entrada de la plaza proclamaba "Prohibido a los Hermanos Musulmanes", la formación a la que pertenece Mursi.

El martes por la mañana se registraron enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la policía a poca distancia de la Plaza Tahrir en El Cairo.

Estos choques esporádicos, que comenzaron la semana pasada alrededor de la plaza, se reanudaron en los alrededores de la embajada estadounidense con pedradas y disparos de granadas de gas lacrimógeno.

Los militantes opuestos a Mursi llamaron al cese de los enfrentamientos, por temor a que se extendieran al lugar de la manifestación.

En la Plaza Tahrir, una aldea de carpas está instalada desde el viernes para protestar contra el decreto mediante el cual el presidente islamista puso sus decisiones por encima de cualquier recurso ante la justicia, una iniciativa que la oposición denunció como una medida dictatorial.

Esta crisis es la más grave desde la elección de Mursi, de los Hermanos Musulmanes, para dirigir el país más poblado del mundo árabe, con 83 millones de habitantes.

"El presidente empuja al pueblo a la desobediencia civil", "Los Hermanos Musulmanes roban la revolución" proclamaban las pancartas de la Plaza Tahrir.

"Nos quedaremos en Tahrir hasta que Mursi haya anulado su declaración", afirmó Ahmed Fahmy, un desempleado de 34 años que acampa en esta plaza símbolo de la revuelta que provocó la caída de Mubarak en febrero de 2011.

Los Hermanos Musulmanes, que en una primera etapa llamaron a manifestarse en otro barrio de El Cairo para apoyar al presidente, anularon ese mitin, explicando que querían evitar enfrentamientos.

Después de una entrevista con la jerarquía judicial el lunes, Mursi decidió mantener el polémico decreto.

Un portavoz del presidente, Yaser Ali, dijo sin embargo que los "poderes soberanos" de Mursi quedarán excluidos de cualquier tipo de recurso ante la justicia, dando a entender que las decisiones de rutina sí podrían ser sometidas a un juez, lo que algunos interpretan como una concesión frente a las protestas.

El decreto anunciado el 22 de noviembre permite al presidente tomar cualquier decisión que juzgue necesaria para "proteger la revolución", e impide que la justicia examine las demandas contra el proceso de redacción de la Constitución, que sus adversarios consideran dominado por los islamistas.

Los partidarios de Mursi destacan que esos poderes excepcionales darán al mandatario los medios para realizar reformas indispensables y aseguran que cesarán una vez adoptada la nueva Constitución dentro de unos meses.

En su decreto, el jefe del Estado también pidió "nuevas investigaciones y sentencias" en los casos de asesinatos de manifestantes durante la revuelta de 2011, lo que constituye una amenaza para ciertos altos jerarcas militares y policiales, y quizás de un nuevo proceso contra Mubarak.

Este último punto responde a los insistentes pedidos de la oposición y de una gran parte de la opinión pública, que consideran que los juicios llevados a cabo hasta ahora fueron demasiado tolerantes con los inculpados.

Por su parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que un "cambio importante" en la política económica del país, que necesita relanzar su crecimiento, podría poner en duda el preacuerdo sobre un plan de ayuda de 4.800 millones de dólares.