La Policía Federal de Brasil realizó este lunes una gran redada para detener a los supuestos autores de un fraude de miles de millones de dólares en fondos de pensión de trabajadores de empresas públicas, informaron fuentes oficiales.
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Los desfalcos afectaron a los cuatro mayores fondos de pensión del país, todos ellos entes sin ánimo de lucro vinculados a empresas públicas: Previ, que gestiona las pensiones de los empleados del Banco do Brasil; Petros, de la petrolera Petrobras; Funcef, del banco Caixa Econômica Federal y Postalis, de Correos.
Un tribunal federal de Brasilia emitió mandatos de prisión temporal contra 7 sospechosos, ordenó que otras 34 personas sean llevadas a declarar a comisaría y autorizó a la Policía a realizar registros en 106 domicilios en ocho regiones del país, según un comunicado.
Uno de los empresarios llevados a declarar a comisaría, según mostraron las televisiones locales, fue el expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro, que es uno de los condenados por el escándalo de Petrobras.
Además ordenó el secuestro de bienes, el bloqueo de activos y de fondos en cuentas bancarias de 103 personas físicas y jurídicas investigadas por un valor de cerca de 8.000 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares).
En la operación participaron 560 policías federales, además de otros 31 inspectores, fiscales y auditores de diferentes organismos públicos.
Las investigaciones detectaron inversiones "temerarias o fraudulentas" realizadas por parte de los fondos de pensiones, que causaron "déficits milmillonarios".
La Policía identificó que la red de corrupción constaba al menos de cuatro núcleos, el empresarial, el de dirigentes de los fondos de pensión, el de empresas evaluadoras de activos y el de gestores y administradores de los fondos de inversión.
Este escándalo se suma a otros casos de corrupción descubiertos recientemente que han implicado el fraude de miles de millones de dólares a las arcas públicas de Brasil, entre ellos el que gira en torno a Petrobras y otro, relacionado con fraudes en el ente público encargado de multar a los defraudadores de impuestos.
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