México: CIDH vinculó a la Policía y el narcotráfico en el caso Ayotzinapa

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó la desaparición de 43 estudiantes en el estado mexicano de Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014, relacionó con el hecho al narcotráfico y a la Policía Federal, aseguró que probó que al menos 17 detenidos por el caso fueron torturados y denunció que militares modificaron sus testimonios ante la fiscalía.

Al presentar hoy las conclusiones de su segundo período de investigación, que termina este mes y no será prorrogado por decisión del gobierno de México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostuvo que en el momento del hecho la Policía Federal "tenía información de lo que estaba pasando en tiempo real".

El documento muestra serias deficiencias en las pesquisas, destrucción de pruebas, dilación en las diligencias y rechazo a investigar líneas de investigación sugeridas por el GIEI, como el trasiego de drogas como posible móvil del brutal ataque a los estudiantes.

"La Policía Federal en Iguala (el municipio guerrerense donde los estudiantes fueron secuestrados) tenía información de lo que estaba pasando en tiempo real, sabía de la acción de la toma de buses y alertó a sus agentes para que estuvieran vigilantes en las carreteras, donde se supone que podrían salir huyendo los (alumnos) normalistas", dice el informe.

De acuerdo con el documento, una patrulla de policías federales detuvo a uno de los cinco ómnibus que transportaban a jóvenes y fueron atacados en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, e hizo bajar a sus ocupantes a punta de pistola.

Los especialistas creen que ese vehículo -uno de los que habían sido tomados por los estudiantes para realizar una protesta- tal vez contenía droga oculta, lo que pudo ser el móvil del ataque armado a los muchachos.

Los ocupantes de ese micro huyeron hacia un barrio de Iguala mientras miembros de la policía municipal les dispararon con la participación de una patrulla ministerial, estableció el GIEI sobre la base de testigos y de un manuscrito del conductor del vehículo.

Asimismo, el GIEI sostuvo que la hipótesis de que los estudiantes fueron atacados porque uno de los micros que habían tomado contenía drogas "sigue sin ser explorada en profundidad" y reclamó a la Procuraduría General de la República (PGR) "investigar si se están cometiendo falsedades o se está pretendiendo engañar a la Justicia".

Los expertos resaltaron que el pedido a Estados Unidos de asistencia jurídica en relación con el tráfico de heroína entre Iguala y Chicago a través de ómnibus de pasajeros solo se realizó en febrero pasado.

Dicha demora impidió que "información fundamental sobre el modus operandi de (el grupo criminal involucrado en la desaparición de los estudiantes) Guerreros Unidos en el trasiego de heroína se incorporara a la investigación", indicaron.

El GIEI subrayó que la identificación plena de ese quinto micro "no se ha realizado de forma conveniente" y advirtió que los testimonios de sus 14 ocupantes, en el sentido de que no fue atacado igual que los otros cuatro, "son coincidentes entre sí, con un relato contrastado y coherente en entrevistas tomadas en tiempos y con normalistas diferentes".

Esos relatos, advirtieron, divergen de la versión de la empresa de transporte, que afirmó que dicho vehículo hizo su recorrido normal.

En tanto, el informe señaló que el GIEI, mediante exámenes médicos, pudo probar que al menos 17 detenidos por el caso fueron torturados, entre ellos los cinco que aseguraron que los estudiantes fueron asesinados y sus restos incinerados en el basurero municipal de Cocula, una ciudad cercana a Iguala.

Ya en el primer informe, presentado en septiembre pasado, el GIEI había detectado que 77 por ciento de los 80 detenidos hasta entonces presentaban lesiones de distinta intensidad y localización.

Por otra parte, los expertos denunciaron que tras la presentación de su primer informe algunos militares, a los que les fue imposible entrevistar pese a haberlo solicitado durante varios meses, cambiaron sus declaraciones o aportaron nuevas ante la PGR acerca de la presencia y responsabilidad de efectivos castrenses en los hechos de Iguala.

Además, sostuvieron que nuevas pericias realizadas en el basurero municipal de Cocula les permitieron ratificar que no hay "evidencia física disponible" de que hayan sido incinerados allí los cadáveres de los 43 estudiantes.