"No descarto dejar de pagar la deuda"
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En esa misma línea, Correa no descartó la posibilidad de una moratoria en el servicio de su deuda externa para presionar a los acreedores de modo que ajusten -dijo- las condiciones de pago a la realidad de un país que convive con una tasa de pobreza de 60% y un desempleo estructural de 10%.
Correa integrará en las próximas semanas una comisión de expertos para analizar la «legitimidad» de los distintos segmentos de la deuda pública, que en diciembre alcanzó a 13.491 millones de dólares, en lo que sería el primer paso en firme en busca de la reestructuración.
Los acreedores han rechazado esta opción argumentando que el país tiene capacidad de pago y que cualquier modificación en los términos de sus deudas obedecería a una decisión política y a una voluntad explícita de no cancelarlas, antes que a problemas económicos de fondo.
El manejo de la deuda impulsado por Correa ha provocado el desplome de los precios de los bonos ecuatorianos, que previo a su posesión en enero se cotizaban por sobre su valor nominal, por la confianza de los inversores en el desempeño macroeconómico del país y los altos precios del crudo, uno de sus principales productos de exportación.
Las declaraciones de ayer «reafirman la supremacía de criterios subjetivos y morales sobre los legales y contractuales para determinar los tramos que continuará sirviendo», dijo el analista de Goldman Sachs Alberto Ramos.
Los bonos AGD fueron emitidos por el Ministerio de Economía y, por ley, el BCE tuvo que canjearlos por efectivo que se usó para devolver los recursos de los clientes de bancos que quebraron entre 1998 y 2002 en medio de una crisis bancaria, por lo que actualmente forman parte de su portafolio. Correa aseguró que se desconocerá esta deuda por considerar que el BCE fue uno de los responsables de la crisis y que, por ende, no cabe cancelar ni el capital ni los intereses.
La anulación de los bonos AGD reduciría en 38% la deuda interna, que ascendía 3.277 millones de dólares. Los intereses de estos papeles demandaron 56 millones de dólares en 2006.
Ecuador debe realizar este año pagos por su deuda pública por 2.738 millones de dólares, esto es 28% del Presupuesto del gobierno central.
Entretanto, el gobierno negó que la crisis política que enfrenta por una pugna de poderes (ver nota aparte) esté provocando una fuga de capitales, y anticipó que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) este año será de 4,4%, frente a 3,3% previsto en principio.
«Las cifras no dan esa idea» de fuga de capitales, dijo el ministro coordinador del área económica, Mauricio Dávalos.
Agregó que «hay una disminución de depósitos con respecto al máximo que todos los años llega a finales de diciembre, pero eso es una cosa anual, cíclica, de tal manera que no es un asunto que pueda interpretarse como que hay fuga».


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