Caracas (EFE, Reuters, AFP, ANSA, DPA) - Mientras la oposición se preparaba para copar hoy la capital venezolana, Caracas, con una manifestación sin precedentes, el acosado presidente Hugo Chávez respondió ayer ordenando la incautación de medios privados de transporte para garantizar el suministro de combustible y alimentos, y prometiendo el descabezamiento de la cúpula de la petrolera estatal, que se ha sumado al paro por tiempo indeterminado que busca forzar su salida del poder.
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La estrategia presidencial recibió ayer un importante aval cuando el Tribunal Supremo de Justicia autorizó al gobierno para que imponga la normalización de las opera-ciones en el sector petrolero, suspendidas hace 18 días. El máximo tribunal venezolano indicó que se debe «acatar» el decreto presidencial que ordena a la Fuerza Armada Nacional (FAN) resguardar las instalaciones petroleras y la auto-rización a la Armada para gestionar y coordinar acciones para normalizar el suministro de energía.
El paro en el sector -con un costo estimado en 5.000 millones de dólares-hizo que la producción de crudo cayera a apenas 200.000 barriles diarios contra los 2,8 millones que habitualmente se extraen. Además, mantiene cerrado más de 60% de las estaciones de servicio del país y provoca ya una notoria escasez de alimentos. Por eso, el gobierno autorizó la incautación de medios de transporte privados por parte de la fuerza pública, un hecho fuertemente cuestionado por empresarios y sindicalistas, que buscan la destitución de Chávez.
En tanto, sumando otro elemento a un clima de fuerte tensión, el Poder Ejecutivo amenazó con imponer fuertes multas a los bancos que no reabran sus puertas.
Los EE.UU. reiteraron ayer su preocupación por la explo-siva situación, y Alemania exhortó a sus ciudadanos a abandonar el país. La «toma de Caracas» pre-vista para hoy pretende ser, según sus organizadores, la manifestación más grande que se haya registrado en Latinoamérica, y entre sus intenciones está la de llegar hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, para exigir la renuncia del presidente.
En un hecho que podría prenunciar serios disturbios, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció que el gobierno no permitirá que la marcha llegue a Miraflores por los riesgos que generaría.
Cabello advirtió que el gobierno utilizará los mecanismos de control de orden público de que dispone para contener y dispersar a los manifestantes si superan las barreras de demarcación que se colocarán e insisten en llegar hasta Miraflores. El palacio gubernamental está situado en la zona oeste de la capital, en terreno considerado «chavista», y sus inmediaciones suelen ser rápidamente tomadas por simpatizantes del oficialismo.
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