Otra acusación que complica a Palocci

Antonio Palocci

Brasilia (AFP, EFE, Reuters) - El ministro brasileño de Hacienda, Antonio Palocci, volvió a quedar ayer a la defensiva por declaraciones de un testigo que lo vincularon a manejos turbios de dinero.

La situación de Palocci causó inquietud en el gobierno y llevó al gobernante Partido de los Trabajadores a presentar un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) para suspender la declaración, lo que se concretó media hora después del inicio de la sesión de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que sigue el caso.

Con todo, el testigo en cuestión, el casero Francenildo dos Santos Costa, confirmó ante la CPI del Senado declaraciones de prensa en las cuales había afirmado haber visto a Palocci en varias ocasiones en la mansión que custodia en Brasilia, donde allegados del ministro «repartían dinero que llegaba en valijas».

«Lo confirmo a morir», dijo el empleado, antes de que su comparecimiento fuese suspendido por orden judicial. La máxima instancia judicial atendió los reparos de un diputado petista, que hizo valer que el interrogatorio no tenía nada que ver con el cometido oficial de esa comisión, que era investigar las ramificaciones del juego del bingo.

Palocci había afirmado en enero ante esa misma comisión que «nunca» había estado en esa casa. Pero fue desmentido primero por un chofer de otras personas que frecuentaban el lugar y luego por el casero, que asegura haberlo visto entrando y saliendo del predio en su coche particular.

El ministro negó en una nota haber ido a la casa, alegando que hace 14 años que no maneja.

La casa estaba alquilada por ex colaboradores de Palocci en Riberao Preto (estado de San Pablo), de la cual era alcalde antes de ser llamado a ocupar el Ministerio de Hacienda en 2003 y de que, supuestamente, se produjeran estos hechos. Según las denuncias, el lugar sirvió de base para hacer lobby en favor de diferentes empresas.

El casero agregó que Palocci era llamado «jefe» por quienes frecuentaban la mansión, que eran altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, ex asesores del ministro Ribeirao Petro, empresarios y políticos.

Según sostiene la oposición, en esa mansión eran fraguados negocios ilegales entre el gobierno y empresas, en el mismo estilo que, de acuerdo con varias denuncias que se investigan, se impuso en la ciudad de Ribeirao Preto cuando Palocci era alcalde.

Anticipándose a la declaración del casero, el ministro emitió un comunicado la víspera en el que insistió en su inocencia y atribuyó las denuncias al anticipo de la campaña para las presidenciales del próximo 1 de octubre.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva también volvió a apoyar al ministro y declaró que «son más denuncias vacías, a las que ya estamos acostumbrados».

• Respaldo

Palocci recibió incluso respaldo del PT, que en una nota oficial sostuvo que «los nuevos ataques contra el ministro Antonio Palocci son una tentativa desesperada para recalentar la crisis política, como estrategia para influir en las elecciones de octubre».

Para la oposición, la decisión del Supremo de impedir que hable el casero «empequeñece al Congreso» y puede crear un conflicto de poderes.

El presidente de la comisión parlamentaria, el opositor Efraim Morais, dijo a periodistas que el STF se ha aliado al gobierno para «impedir que se conozcan las verdades que la sociedad reclama».

Según el senador socialdemócrata Arthur Virgílio, después de lo ocurrido ayer «no es posible seguir considerando como ministro a Antonio Palocci». «Si llega al extremo de depender del silencio de un casero para mantenerse, ya no es un ministro de Estado», afirmó.

Brasil vivió a lo largo del año pasado una crisis política desencadenada por denuncias de que el PT había comprado con sobornos el apoyo de un centenar de diputados. El PT confesó que creó una contabilidad paralela para financiar campañas electorales, pero niega haber pagado sobornos. La crisis provocó la renuncia del principal ministro de Lula, José Dirceu, y de la plana mayor del PT.

Palocci se vio alcanzado por los escándalos cuando su ex colaborador Rogerio Buratti reveló que el entonces alcalde de Riberao Preto había alimentado una caja paralela del PT con coimas pagadas por una empresa de recolección de basura. También fue involucrado en denuncias de que la campaña de Lula en 2002, de la cual fue coordinador, recibió fondos de Cuba, lo que está prohibido por ley.

El ministro, considerado desdeel inicio de la gestión de Lula como un pilar de la estabilidad macroeconómica, negó siempre todas esas acusaciones.