Otra polémica: voto clave a la Ley de la Memoria

Madrid (EFE, Reuters, AFP, ANSA) -El Congreso de los Diputados español dio ayer media sanción a la Ley de Memoria Histórica que condena la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975) y fija y amplía las medidas de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939), además de ordenar el retiro de los símbolos franquistas que todavía perviven.

La ley fue aprobada por la Cámara baja del Parlamento, con el rechazo del principal grupo de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), y ahora pasará al Senado.

El texto, impulsado por el presidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo una dura tramitación al desencadenar una encendida polémica con el Partido Popular, que considera que divide a la sociedad española y es contraria al espíritu conciliador de la transición.

No obstante su rechazo general, el PP votó ayer a favor de siete preceptos del dictamen, entre ellos, el de las ayudas a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y el de la despolitización del Valle de los Caídos, el enorme monumento levantado por el general Franco a las afueras de Madrid y en el que reposan los restos mortales de decenas de miles de combatientes de ambos bandos.

La despolitización de este monumento, donde está enterrado el cadáver de Franco y el de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española, se presume difícil debido a su fuerte simbolismo para los sectores de la derecha española más radical y el rechazo que, por ello, provoca en sectores de la izquierda.

El partido independentista catalán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) también se opuso al texto de Memoria Histórica al considerar que fue desvirtuada la idea original para terminar convertida en «una ley de punto final» encubierta para «dejar impunes los crímenes del franquismo».

Controversia

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en la apertura del debate de ayer que en la ley no hay ni una línea que no pueda ser respaldada por cualquier demócrata, porque todos sus artículos responden a principios que «todos podemos compartir».

Pero el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, argumentó el rechazo conservador en que la ley «rompe la herencia con la que se construyó la transición», es «innecesaria» y «claramente perjudicial para la convivencia nacional».

«Quieren imponer una memoria única y oficial, que fue una de las cosas que más criticamos al franquismo, caen en el mismo error», añadió.

El texto, además de hacer una condena del franquismo, declara la ilegitimidad de las condenas y sanciones dictadas «por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa» durante la dictadura y ordena el retiro de todos los símbolos y monumentos públicos que honren o recuerden al franquismo, de exaltación de la sublevación militar y de la Guerra Civil.

Las personas que buscan a familiares desaparecidos, algunos enterrados en fosas comunes, podrán reclamar ayuda para esa tarea y la posterior identificación.

La posibilidad de adquirir la nacionalidad española se amplía a los hijos y nietos de quienes la perdieron por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o de la dictadura. Esto alcanza a un millón de personas, muchas de ellas en la Argentina.

En el tratamiento de ayer se introdujo una modificación que permitirá a la Iglesia Católica invocar razones «artísticoreligiosas» para no tener que retirar de sus edificios símbolos conmemorativos de la Guerra Civil o la dictadura.

La retirada de esos símbolos puede sortearse también si se argumentan motivos «arquitectónicos» o «artísticos».

En el caso de que no se eliminen sin una causa establecida, el texto contempla sanciones como una posible anulación de subvenciones.

La ley debe pasar un último trámite con la aprobación en el Senado, la cámara alta del Parlamento.