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El Gobierno sostiene que los cinco extranjeros eran terroristas contratados por los dirigentes opositores de Santa Cruz.
La embajada asegura que no tiene forma de comprobar la versión, pero añade que la fuente es un personaje bien situado y con una trayectoria solvente. Su testimonio apuntala la teoría que vienen sosteniendo tanto la oposición boliviana como algunas investigaciones periodísticas, que insisten en que el complot fue una fabricación del Gobierno para dar un golpe definitivo a los dirigentes de la levantisca Santa Cruz, el más rico de los nueve departamentos del país. Cuna de grandes yacimientos de hidrocarburos, la región, mayoritariamente criolla, votó en 2008 a favor de la autonomía y se ha convertido en la abanderada contra Evo Morales y su proyecto socialista.
El pasado fin de semana, de hecho, la fiscalía presentó cargos formales contra 39 implicados en la "conspiración", entre los que figuran prominentes políticos y empresarios cruceños. El caso ha estado salpicado de irregularidades desde el principio.
Según un cable del 23 de abril de 2009, el vicepresidente, Álvaro García Linera, aseguró al cuerpo diplomático que los cinco terroristas atacaron con armas de fuego y explosivos a la policía cuando fue a detenerlos.
Sin embargo, la evidencia pericial recabada en las habitaciones 456, 457 y 458, de la que se hizo eco en su día la prensa boliviana, apunta a una ejecución extrajudicial. El circuito de cámaras de vigilancia del hotel había sido desactivado antes de la operación, y los registros de Internet fueron borrados. El informante de la Embajada añade que las armas halladas eran nuevas y habían sido colocadas por la policía, que ni siquiera se había molestado en quitar los precintos.



