Perú, España y una empresa se disputan tesoro de u$s 500 M

Lima - Perú ha dado un paso inédito en la luchapor recuperar su patrimonio cultural al pedir a una corte de Estados Unidos que revise un tesoro en monedas de oro y plata encontrado en el mar en 2007, que habría sido acuñado en Lima hace dos siglos.

La cancillería peruana presentó el pasado 19 de agosto un escrito a la corte de Tampa (Florida) para poder revisar las pruebas y determinar si pertenecen al patrimonio cultural del país.

La directora general de promoción cultural y protección patrimonial de la cancillería, Liliana Tchino, señaló que es «la primera vez que se da un paso así» en Perú. Explicó que «si es parte del patrimonio, es nuestra obligación el preservarlo».

La embajadora peruana reconoció que la iniciativa «es muy importante», en el sentido de que puede marcar un precedente para futuros reclamos de tesoros peruanos hundidos en el mar alrededor del mundo.

Cargamento

La empresa Odyssey Marine Exploration encontró el cargamento, valorado en 500 millones de dólares, en una nave hundida en el fondo marino en mayo de 2007, frente a las costas portuguesas del Algarve. Poco después de revelar que en el cargamento de la nave, bautizada como Cisne Negro, había escudos de oro y plata, y reales de a ocho, España presentó una demanda contra la firma « cazatesoros» para reclamar la propiedad del tesoro.

En opinión del gobierno español, la nave hallada es la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida por una flota británica en 1804, que transportaba el cargamento monetario de América hacia Cádiz en la época del rey Carlos IV, unos 17 años antes de la independencia de Perú.

Las monedas habrían sido acuñadas en Lima, que precisamente elaboró medallas de fidelidad al monarca con imágenes de varias ciudades peruanas al asumir el trono en 1789, con oro y plata extraídos de minas peruanas.

Para España, Perú no existía como Estado soberano en el momento del hundimiento de la nave porque pertenecía a uno de sus principales virreinatos en América, pero en junio último un representante del Ministeriode Cultura español declaró que su país estaría abierto a alcanzar «algún acuerdo» con esta nación para compartir lo que se recupere.

Tchino aclaró que la intención de su gobierno es que peritos especializados en numismática puedan examinar las piezas para determinar si pertenecen al patrimonio cultural de Perú.

Expectativa

«Y luego de eso, evidentemente, lo que se espera es poder recibirlos y recuperar el patrimonio», indicó.

La diplomática explicó que «lo que Perú ha hecho es dejar sentado que en ningún momento ha recibido información de que esto se iba a sacar (del fondo marino), ni hemos dado ninguna autorización para que esto se haga».

Subrayó que Odyssey no ha mantenido ningún contacto con Perú, a pesar de las declaraciones de su presidente, Greg Stemm, de que estaba «feliz» con que el país andino decidiera participar en el estudio para determinar el origen del tesoro.

Stemm también dijo, en Miami, que sería «muy interesante ver el éxito» que Perú es capaz de obtener en su intento en que otros gobiernos y exploradores reconozcan sus intereses.

La embajadora peruana señaló que será el juez (Mark Pizzo) «el que va a tener que determinar qué es lo que opina sobre la situación, sobre la voluntad que tenía Perú sobre sus bienes y la voluntad para que salieran del país».

Convención

Para algunos especialistas y autoridades españolas, Perú tiene en contra el hecho de no haber suscripto la Convención de Derecho del Mar ni el acuerdo de Protección de Arqueología Subacuática, pero según Tchino esto no será un obstáculo porque esa convención aún no está vigente.

Sin embargo, no quiso adelantar cuáles serán los próximos pasos: «Habría que definir cuál va a ser la estrategia al momento que tengamos el material realmente a la vista. Se ha optado por no elaborar en el aire sobre qué cosa podría ser», apuntó.

En junio pasado, la directora del Instituto Nacional de Cultura, Cecilia Bákula, adelantó que Perú podría acogerse a un memorándum de entendimiento de reclamo patrimonial vigente con Estados Unidos y que ha permitido la repatriación de bienes en los últimos años.