Piden que las Fuerzas Armadas de Brasil combatan el delito

San Pablo (ANSA, AFP, DPA) - El asesinato de Celso Daniel, principal asesor del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva, reavivó el debate en el seno de la formación izquierdista en torno al tema de la seguridad, con voces calificadas que llegaron a pedir la intervención de las fuerzas armadas en la represión del delito. Mientras, se supo que Daniel fue torturado antes de recibir ocho disparos, lo que para los investigadores aleja la hipótesis de un delito común.

En la tarde de ayer fueron detenidos dos sospechosos, con antecedentes por robo y secuestro, en la ciudad de Pozos de Caldas, Minas Gerais, según informó el secretario de Seguridad Pública de San Pablo, Saulo Castro Abreu Filho.

El reclamo de que intervengan los militares en seguridad interior contradice el pensamiento del propio asesinado y de Lula, que siempre prefirieron acentuar las causas sociales de la violencia antes que la represión. El programa de seguridad que estaba siendo elaborado de cara a las elecciones de octubre, en las que el PT es el favorito para imponerse -al menos en la primera vuelta-, es contrario a la pena de muerte e incluso a la prisión perpetua. Pero, ante la escalada de violencia, el titular del comité nacional del PT, José Dirceu, aclaró que esa fuerza no tiene una posición cerrada sobre el tema.

Daniel, quien además de asesorar a Lula era alcalde de Santo André, una ciudad del populoso gran San Pablo, fue asesinado el fin de semana por una agrupación denominada FARB, que había amenazado a un grupo de dirigentes del PT por supuestamente fomentar una ideología «light» dentro de la izquierda, aunque se presume que ese motivo podría ser una maniobra de distracción (ver aparte).

En San Pablo, la violencia se refleja en el aumento en el número de secuestros, que el año pasado se multiplicaron por cinco en relación con 2000. «Si hay que llamar al ejército para auxiliar en una acción conjunta y dar alguna tranquilidad a la población en un primer momento, hasta que las policías civil y militar se preparen más, no veo dificultades», dijo el gobernador del estado de Acre, el «petista» Jorge Viana.

Los influyentes diputados Aloizio Mercadante y José Genoino dijeron que eran favorables al uso de las fuerzas armadas contra el delito, pero limitado al apoyo logístico a la policía y a la lucha contra al tráfico y control de armas. En cambio, el coordinador del programa de seguridad del PT, Luiz Eduardo Soares, manifestó que «las fuerzas armadas no están volcadas a la seguridad pública. Eso sería un desvío de función absurdo; sería irracional», señaló abriendo una inédita puja en la izquierda brasileña.

En tanto, citando un informe del Instituto Médico Legal de Santo André, el diario «Jornal da Tarde» reveló que en las 24 horas en que Daniel permaneció en cautiverio fue torturado, pero que los dirigentes del PT intentaron que no trascendiera para que no se incrementara el pánico entre la militancia.

«La muerte de Celso desató una verdadera paranoia. Muchos hablaban de una lista con 50 nombres marcados para morir», confió un dirigente del PT. El cuerpo de Celso Daniel mostraba señales de haber sido brutalmente apaleado y su rostro estaba desfigurado por varias fracturas.

Castro Abreu Filho, encargado de seguridad de San Pablo, señaló que el empresario Sergio Gomez da Silva, quien viajaba en una camioneta con Daniel cuando fue abordado por los delincuentes, se contradijo en su primera declaración. Inmediatamente después del secuestro de su amigo, el empresario aseguró que no había funcionado el seguro de las puertas de su camioneta y fueron abiertas por los secuestradores. «El peritaje probó que eso no era verdad, lo que no quiere decir que él haya fallado en toda su declaración», sostuvo el funcionario.