Polémica orden para liberar al lider del cartel de cali

Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del hoy desmantelado cartel de las drogas de Cali. La decisión judicial de liberarlo provocó indignación en el gobierno de Alvaro Uribe.

Cómbita, Colombia (AFP, Reuters, EFE, ANSA) - En medio de una fuerte tensión, Gilberto Rodríguez Orejuela se aprestaba ayer a salir de la cárcel, pese a que el gobierno colombiano trataba de retrasar el cumplimiento de la orden judicial de liberar «de forma inmediata» al jefe del extinto cartel de las drogas de Cali.

Tras un fuerte forcejeo entre las autoridades judiciales y el gobierno colombiano, la jueza Luz Angela Montoya falló ayer en favor de Gilberto Rodríguez Orejuela un recurso de hábeas corpus que obliga a la inmediata liberación del preso por cumplimiento de condena.

La jueza señaló en su fallo que declara «procedente el derecho de hábeas corpus que a favor de Gilberto Rodríguez presentó el abogado por prolongación ilegal de la privación de la libertad». En consecuencia, la jueza ordena «la libertad en forma inmediata del señor Gilberto Rodríguez Orejuela, para lo cual se ordena librar la correspondiente boleta de libertad».

• Reacción

La decisión de la jueza Montoya motivó una rápida reacción del ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, quien en Bogotá mostró su desacuerdo con la salida de prisión del ex rey del negocio de la cocaína, a quien consideró como uno de los grandes narcotraficantes de la historia.

En un último intento del gobierno para impedir su liberación, el narcotraficante era retenido al cierre de esta edición a las puertas de la cárcel «para exámenes médicos y psiquiátricos», informó la radio RCN. La emisora había informado minutos antes de la salida del jefe principal del cartel del Cali de la cárcel de Cómbita, situada en el departamento de Boyacá, a 160 kilómetros al norte de Bogotá. Añadió que, tras conceder la libertad de Rodríguez Orejuela, las autoridades recordaron que las normas penitenciarias establecen exámenes médicos y psiquiátricos obligatorios para los presos que entran y salen de las cárceles.

«Tenemos que aplicar muy cuidadosamente el hábeas corpus. Estamos dedicados a examinar si no hay otros jueces del país que estén solicitando a este señor y que estén cumplidos los requisitos» para su salida, dijo Londoño, expresando una vez más el malestar del gobierno por el hecho.

• Luto

«Esto es un golpe terrible, éste es un momento de luto, de dolor para la imagen del país, para la administración de justicia de Colombia», aseguró el ministro en declaraciones a la prensa.

También se pronunció la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, a través del consejero adjunto para asuntos políticos, Francisco Fernández. «Nosotros lamentamos mucho la decisión, pero entendemos que es una cuestión jurídica dentro del país y que el gobierno ha hecho todo lo posible para tratar de evitar la liberación», aseguró el consejero.

• Soborno

El pasado viernes el juez de ejecución de penas de Tunja, Pedro Suárez, ordenó la excarcelación de Gilberto Rodríguez y de su hermano Miguel, argumentando que ya cumplieron las tres quintas partes de sus penas de 16 y 15 años, rebajadas en tres años por buen comportamiento. Pero en el caso de Miguel Rodríguez, un tribunal colombiano lo condenó -el mismo viernes-a cuatro años adicionales de prisión por un intento de soborno a un juez en 1996, lo que le impide salir de prisión.

Desde que el juez anunció la excarcelación el viernes pasado, el gobierno, por medio del propio presidente, Alvaro Uribe, manifestó su disposición a evitar la salida de prisión de los narcotraficantes.

El sábado, Uribe dijo que había ordenado «no conceder» la excarcelación a los Rodríguez Orejuela «mientras existan dudas jurídicas sobre su liberación», posición reiterada el martes, cuando señaló que «es mejor que algunas personas le digan a uno arbitrario, a que simplemente por ser blandito se afecte la dignidad nacional».

La posición del presidente y de su ministro del Interior ha generado una avalancha de críticas de parte del sector judicial que, inclusive, llevó a un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que el martes acusó al gobierno de Uribe de interferir en las decisiones de los tribunales.