3 de septiembre 2008 - 00:00

Polémico: investigará Garzón desapariciones durante la Guerra Civil

El juez español Baltasar Garzón extiende ahora sus investigaciones por violaciones a losderechos humanos a lo ocurrido en su propio país a partir del comienzo de la Guerra Civilen 1936. La decisión provocó fuerte controversia.
El juez español Baltasar Garzón extiende ahora sus investigaciones por violaciones a los derechos humanos a lo ocurrido en su propio país a partir del comienzo de la Guerra Civil en 1936. La decisión provocó fuerte controversia.
Madrid (EFE, DPA, AFP, ANSA) - El juez Baltasar Garzón lanzó una amplia investigación sobre los muertos y desaparecidos en la Guerra Civil española y el franquismo, lo que generó ayer una fuerte polémica política y social, con voces que apoyaron sin reservas la iniciativa y otras que discreparon profundamente y dijeron oponerse a resucitar los fantasmas del pasado.

Garzón dictó una resolución en la que pide a diferentes instituciones que den datos acerca de muertos y desaparecidos en esa contienda (1936-39) y durante el régimen franquista (1939-75), lo que significa la mayor investigación sobre el asunto hecha nunca en España.

Garzón, que se hizo conocido en América latina por haber dado lugar a investigaciones sobre derechos humanos cometidas allí durante los regímenes militares de los años 70 y 80, avanza ahora sobre el período oscuro de su propio país.

  • Entidades

  • El Archivo General de la Administración, la Conferencia Episcopal, el Centro Documental de la Memoria Histórica y los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid figuran entre las entidades a las que Garzón envió la petición el lunes. El magistrado dictó ayer otra resolución por la que da quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su juzgado para que le faciliten datos sobre los desaparecidos y la posible ubicación de las fosas en las que fueron enterrados.

    La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional -la más alta instancia penal española- es consecuencia del clima creado en los últimos años en algunos sectores en favor de lo que se conoce como recuperación de la memoria histórica.

    La llegada al gobierno de los socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004, favoreció esa tendencia y la aprobación por el Parlamento, en diciembre último, de una Ley de Memoria Histórica que, entre otros aspectos, condena la dictadura de Franco, fijó medidas de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y ordenó el retiro de los símbolos franquistas en calles y edificios.

  • Fosas comunes

    Varias asociaciones de familiares de desaparecidos trabajan desde hace años en la localización de fosas comunes donde fueron enterradas víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión y que ayer festejaron sin excepciones la iniciativa judicial de Garzón.
    Esas asociaciones han presentado hasta ahora ocho demandas en el juzgado de Garzón por diferentes casos en España y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas, aunque algunos historiadores elevan esa cifra. Según algunos de ellos, el total de víctimas del franquismo asciende a 90.000, mientras que otros duplican esa cifra.
    Organizaciones como Amnistía Internacional también respaldaron la idea de ese censo, así como las formaciones de la izquierda política española.

    Rodríguez Zapatero manifestó su respeto por la decisión de Garzón y no quiso hacer valoraciones, más allá de recordar que las administraciones públicas colaborarán en la localización de desaparecidos.

    Por el contrario, las asociaciones judiciales expresaron reticencias, cuando no rechazo, hacia la investigación de los desaparecidos del franquismo.

    La prensa conservadora salió a criticar también la iniciativa y el líder del opositor Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, se situó en la misma línea al afirmar que no es partidario de «reabrir las heridas del pasado», sino de mirar al futuro.   

  • «Show»

    Otras críticas llegaron desde el propio ámbito judicial, incluso en su sector progresista. Así, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) indicó a través de su vocero, Miguel Angel Jimeno, que la iniciativa «tiene poco futuro». «Es bastante discutible suponer que estamos ante delitos imprescriptibles, ya que deberíamos hablar de un delito tipo de genocidio que además no prescribe desde su incorporación a la legislación española, algo mucho más tardío (en 2004)». Mientras, el vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Requero, aseguró que la iniciativa «no va a conducir a nada», y es más bien un «extraño show judicial».

    Algunas instituciones, como los ayuntamientos, ya han respondido que darán la información solicitada, mientras que la Conferencia Episcopal estudiará la providencia de Garzón cuando la reciba, ya que se trata de que más de 22.000 parroquias faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a los posibles desaparecidas.

    Aparte de la suerte de miles de víctimas de la guerra y la dictadura, la investigación podría arrojar luz sobre el caso de uno de los muertos más famosos del conflicto: el poeta Federico García Lorca.

    Supuestamente éste fue fusilado junto a un maestro de escuela y un banderillero y enterrado en una fosa común, aunque hay diferentes teorías respecto de si está en el granadino Barranco de Víznar o en la cercana Fuente Grande de Alfacar.

    Algunos sectores quieren que se investigue su paradero y que se exhume la fosa para darle una sepultura digna, aunque la idea es rechazada por los allegados de García Lorca, que entienden que eso sería traicionar su memoria.
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