Por decreto, Trump pone límites a los contenidos publicados en las redes sociales

Reaccionó así a advertencias de la empresa de que su cuenta podría estar difundiendo fake news. Dio además directivas al fiscal general.

REVANCHA. Donald Trump sostiene una copia del New York Post titulado “Ministerio del tuit”.

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva dirigida a empresas de redes sociales que, según explicó, tiene como objetivo “defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros a los que se ha enfrentado nunca Estados Unidos”.

El mandatario, que tuvo recientemente un encontronazo con Twitter por poner en duda la veracidad de uno de sus mensajes, insistió en que “cerraría” la red social “si eso fuera legal”.

“Un pequeño grupo de monopolios de redes sociales controla una gran parte de las comunicaciones privadas y públicas en Estados Unidos”, lamentó el magnate antes de señalar que “tienen poder para censurar, restringir, editar y alterar cualquier tipo de comunicación entre ciudadanos privados y grandes audiencias”.

La medida trata de recortar el poder de las redes sociales mediante la reinterpretación de una ley que se remonta a 1996 y que protege a páginas web y empresas tecnológicas de ser demandadas, según informaciones de la cadena CNN. “Mi orden ejecutiva exige nuevas regulaciones”, ha asegurado Trump.

La decisión tuvo lugar días después de que Twitter calificara como engañosos varios mensajes de Trump sobre el voto por el correo. En ellos, el presidente decía que el sufragio por carta es una puerta abierta al fraude.

“Los republicanos creen que las plataformas de redes sociales silencian por completo las voces conservadoras. Las regularemos firmemente o las cerraremos antes de dejar que ocurra algo así”, aseguró entonces.

El mandatario estadounidense ha acusado, además, a la red social de “interferir” en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, el decreto a las agencias federales que aclaren el alcance de una ley conocida como Sección 230, que protege a las compañías de internet de la responsabilidad por el contenido ilegal publicado por los usuarios y les permite eliminar los mensajes legales pero inaceptables.

Juristas dijeron que no está claro si la Comisión Federal de Comunicaciones aceptaría la opinión de Trump sobre el artículo 230 establecido en el proyecto de decreto. Incluso si lo hace, las regulaciones de la agencia no tendrán ningún efecto legal vinculante para los jueces, que son los que realmente tienen algo que decir sobre la ley.

“Es 95% teatro político, retórica sin fundamento legal y sin impacto legal,” dijo Daphne Keller, una experta en leyes de internet de la Universidad de Stanford.

Marc Randazza, un abogado especializado en la Primera Enmienda, dijo que está de acuerdo con las preocupaciones de Trump sobre la censura, pero reconoció que gran parte del decreto no conduciría a reformas reales.

“Creo que es más una declaración de liderazgo, o una declaración de misión, más que un plan para cualquier cosa que realmente vaya a suceder”, dijo Randazza.

Trump, un usuario prolífico de Twitter, ha afirmado durante mucho tiempo que el servicio y otras plataformas silencian los puntos de vista conservadores.

Las restricciones del contenido de internet son generalmente lícitas porque la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, sólo se aplica a los actores gubernamentales, no a las empresas privadas. Alegando que la censura de los puntos de vista conservadores es rutinaria, el decreto establece que las plataformas en línea no deben ser protegidas cuando realizan “acciones engañosas o una revisión previa que restrinja el contenido en línea”. El decreto ordena al Departamento de Comercio que pida a la Comisión Federal de Comunicaciones que aclare la ley.

Los expertos dijeron que el análisis de la Sección 230 del decreto de Trump contradice las decisiones de los tribunales que han interpretado que la ley proporciona una amplia inmunidad.