Privilegios desmedidos

San Pablo - La decisión del ministro de Previsión Social, Ricardo Berzoini, de limitar a los futuros jubilados el alcance de su proyecto de reforma resulta sustentable desde el punto de vista jurídico pero limita el desahogo fiscal que se buscaba concretar, al menos a corto y mediano plazo.

La reunión del fin de semana del directorio del Partido de los Trabajadores tuvo como uno de sus principales objetivos alinear al PT con la próxima reforma previsional, un tema clave para el futuro económico de Brasil y que genera un rechazo visceral en la izquierda partidaria y en el sector preponderante de la Central Unica de los Trabajadores (CUT): los gremios estatales. Como toda concesión para calmar las aguas hasta el momento en que empiece el debate en serio en el Congreso, la conducción del PT autorizó la creación de un seminario sobre el tema. Pero, a diferencia de lo que pretendían los sectores radicales, el mismo no será de ningún modo vinculante, y sus atribuciones sólo llegarán a la discusión y estudio del problema. Lula ha decidido no ceder en esto, apunta a desmontar los privilegios que esos sindicatos han logrado acumular a través de los años. Asómbrese: · En Brasil, 8,4% de la población tiene más de 60 años y el Estado gasta en jubilaciones de ex empleados públicos 4,7% del PBI nacional.

• Los empleados públicos brasileños se pueden jubilar sin tener que tener una edad mínima determinada.

•Reciben al jubilarse 100% de su último salario y sin el descuento de 11% que se les hacía como aporte previsional cuando estaban en actividad.

• Las jubilaciones no tienen topes y se pueden acumular tantas como funciones o carreras se hayan seguido dentro de la administración pública.

• Mientras la jubilación promedio para trabajadores del sector privado alcanza a 96 dólares, la de los del Poder Judicial -por ejemplo-supera los 1.850 dólares.

Los 3 millones de jubilados del sector público se llevan la mitad de los pagos del sistema, mientras que los 20 millones del sector privado se quedan con el resto. Cuando el gobierno habló de gravar las jubilaciones con el aporte de 11% a las cajas tocó un tema sensible y el poder judicial salió a hablar públicamente contra la iniciativa. Juez y parte, el titular del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, dijo: «Hay jurisprudencia sedimentada y tenemos una Constitución en vigor». Berzoini finalmente desechó esa idea.