Protestas colmaron Barcelona para pedir por referendo de Cataluña

Tras la suspensión de la Justicia española del referendo independentista que estaba organizado para el próximo 9 de noviembre en Cataluña, miles de personas colmaron las calles de es región al grito de "¡Independència!".

La decisión del Tribunal Constitucional de admitir en tiempo récord los recursos interpuestos por el gobierno de Mariano Rajoy contra la consulta enfadó a los grupos independentistas, que llamaron a la movilización.

Uno de ellos es la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la plataforma que estuvo detrás de las grandes manifestaciones de los últimos tres años por la independencia de la región. "Nadie nos va a parar", dijo su presidenta, Carme Forcadell.

Los cuatro partidos soberanistas que respaldan la consulta, CiU, ERC, IPC y la CUP, se sumaron a la convocatoria e instaron a los ciudadanos catalanes a participar en ella. Algunos de sus líderes estuvieron presentes en las concentraciones.

Una de las más multitudinarias tuvo lugar en Barcelona, capital de Cataluña, donde, a pesar de la lluvia, varios miles de manifestantes llenaron la céntrica plaza de Sant Jaume, en la que se encuentran el ayuntamiento y la sede del gobierno regional.

Portando pancartas y banderas independentistas, lanzaron gritos como "¡Votarem!" (votaremos, en catalán) o "¡Independència!". Durante el acto se leyó un manifiesto y se desplegó una lona gigante a favor de la consulta soberanista, mientras sonaba el himno catalán.

Poco antes, el gobierno regional, presidido por Artur Mas, anunciaba la suspensión temporal de la campaña institucional dirigida a promover el referéndum del 9 de noviembre bajo el argumento de la "seguridad jurídica" y avanzaba que presentará alegaciones contra la decisión del Constitucional.

"La determinación del govern (gobierno, en catalán) es seguir adelante. Haremos las cosas cumpliendo los compromisos adquiridos y ajustados al derecho", aseguró en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, Francesc Homs.

Los socios de Mas en el Parlamento catalán, los independentistas republicanos de ERC, no vieron con buenos ojos la decisión del gobierno catalán. Hace unas semanas, su líder, Oriol Junqueras, ya llamó a la "desobediencia civil" en caso de veto del Constitucional.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, insistió en que desobedecer al alto tribunal va en contra de la democracia.

Frente la propuesta del Partido Socialista (PSOE), que aboga por una reforma federalista de la Constitución, el jefe del Ejecutivo español dijo que está dispuesto a escuchar al partido más importante de la oposición pero que la reforma no es ahora mismo su prioridad.

La carrera independentista hacia el 9 de noviembre inició su recta final el pasado sábado, cuando Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta soberanista en un acto solemne en la sede del gobierno regional, el Palau de la Generalitat de Barcelona.

Ese mismo día, el Ejecutivo español puso en marcha la maquinaria legal para frenarla tras advertir durante meses que la votación es inconstitucional y que una parte de los ciudadanos del país no puede decidir lo que es España y cómo se organiza.

En plena tensión soberanista, la agencia de medición de riesgos Fitch colocó el lunes en revisión negativa la calificación de Cataluña y advirtió que, sin el apoyo financiero del Estado español, su deuda tendría el grado de bono basura.

La región, con 7,5 millones de habitantes, cuenta con una de las economías más fuertes de España, aunque también es una de las más endeudadas.

La fuerza del independentismo creció especialmente en los últimos años, aunque las encuestas no arrojan un resultado claro: entre el 35 y el 55 por ciento de los catalanes estarían a favor de la secesión de la región del resto de España, según los sondeos más recientes.