Santa Cruz de la Sierra y La Paz (AFP, EFE) - La rica región de Santa Cruz, que lidera una cruzada autonomista en Bolivia, lanzó su primer desafío al presidente Evo Morales al convocar para el jueves, 4 de mayo, una huelga en demanda de mayor atención a la región, especialmente a los sectores de salud y educación.
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El paro tiene «un marco de unidad, sin ningún interés político ni desestabilizador», señaló en un comunicado el directorio del Comité Cívico Pro Santa Cruz (CCPSC), una unión de empresarios y dirigentes políticos locales, que convocó a la medida. Con todo, el gobierno calificó la protesta de « excesiva».
La región solicita la creación de al menos 800 nuevos puestos de médicos para el sector de la salud pública y unos 1.500 para maestros, además de atención a los afectados por fuertes riadas a principios de año.
Insatisfacción
«La propuesta que nos hacen para educación y salud no nos satisface», protestó Alejandra Vaca Díez, responsable de ambos sectores en la prefectura (gobernación) de Santa Cruz.
La influyente organización cívica de Santa Cruz, que agrupa a unas 200 entidades de distinta índole, suele reflejar la posición política de los fuertes sectores empresariales contrarios al izquierdista Morales.
«Lamentablemente creemos que el Comité Pro Santa Cruz no ha entendido todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional respecto a los pedidos que tiene», sostuvo el vocero presidencial, Alex Contreras. Este hizo referencia así al recorte de 57% del salario de Morales y de los miembros de su equipo de ministros y de los 157 legisladores para destinar el remanente a la creación de más puestos para maestros y docentes.
Una decisión de Morales de aumentar los salarios en 7%, el doble de lo habitual en la última década a ambos sectores, también fue rechazada inicialmente por los sindicatos, que la aceptaron finalmente, tras obtener otros beneficios.
«Es la primera vez que un movimiento cívico paralizará un departamento por la dotación de puestos de salud y educación, cuando el gobierno les ha explicado de manera muy clara y transparente» la precariedad del erario del Estado, señaló Contreras. En la presente gestión «no podemos ofrecer más que 64 puestos en salud y 100 en educación porque económicamente es imposible», remató el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El anuncio del paro coincide con una controversia entre la administración de Morales y la siderúrgica brasileña EBX, que funciona en Santa Cruz con apoyo de las autoridades regionales pero en contra del gobierno central, que señala que su presencia viola la Constitución. EBX anunció el martes su salida de Bolivia, luego de amenazas de expulsión del gobierno, que señala que la empresa no tiene licencia ambiental y está ubicada a menos de 50 kilómetros de la frontera (con Brasil), algo prohibido en la carta política boliviana.
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