El escándalo político que sacude a Brasil tomó ayer inquietantes proporciones, enlodando ya a los tres poderes del Estado. El caso de las presuntas coimas pagadas por el Partido de los Trabajadores a un centenar de legisladores creció hasta alcanzar ahora al Poder Judicial y al principal partido opositor. En medio de la perplejidad de buena parte de la población, Brasil inauguró así su propia versión de la «tangentopoli» italiana. Sin embargo, la salida parece más compleja en este caso por involucrar a un número aún no determinado de jueces. Es decir, hay «tangente», pero todavía no se ve cómo podría surgir un «mani pulite». Esos magistrados y el actual presidente del partido de Fernando Henrique Cardoso (el Social Demócrata, PSDB) se habrían beneficiado con fondos no declarados aportados por un publicista, quien, todo indica, montó un esquema de corrupción omnipresente en el país durante varios años. Los mercados ayer operaron con volatilidad, aunque predominó luego la calma. La Bolsa de San Pablo subió 1,4% y el dólar cayó a 2,45 reales.
Renilda Santiago de Souza, esposa del «cajero» informal del Partido de los Trabajadores, Marcos Valério, confirmó ayer, al declarar ante los legisladores, las sospechas sobre el ex hombre fuerte del gobierno José Dirceu.
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Documentos obtenidos por una comisión parlamentaria que investiga los escándalos prueban ahora que las dimensiones de la máquina de corrupción aparentemente montada por Valério eran gigantescas y, además,
Uno de los nuevos documentos dice que las empresas del publicista financiaron, igual que lo hicieron con el PT entre 2003 y 2004, al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en las elecciones de 1998.
El PSDB, que ese año llevó a su segundo mandato al presidente
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