17 de septiembre 2002 - 00:00

Severo golpe a ETA: cayó en Francia su máximo jefe militar

Las fuerzas de seguridad francesas, en colaboración con sus pares españolas, descabezaron ayer la conducción militar del grupo terrorista vasco ETA al arrestar a su líder, Juan Antonio Olarra Guridi, y a su compañera y número dos, Ainhoa Múgica Goñi. El golpe, un espaldarazo para la política antiterrorista de línea dura de José María Aznar, llega en momentos en que el separatismo vasco radical asiste al desmembramiento de su ala política.

París (EFE, El Mundo) - El presunto jefe militar de la ETA (Patria Vasca y Libertad), Juan Antonio Olarra Guridi, y su compañera y número dos en la cadena de mando del grupo terrorista, Ainhoa Múgica Goñi, fueron detenidos ayer cerca de Burdeos (sudoeste de Francia), se informó ayer.

Según fuentes próximas a la investigación, en la operación también fue arrestada una mujer vascofrancesa, cuya identidad no ha sido facilitada, agregaron. Las fuentes señalaron que está en curso el proceso de verificación de la identidad de los detenidos.

La detención tuvo lugar en un apartamento de la localidad de Talence, en las afueras de Burdeos, en torno de las 19, hora local. Otras fuentes indicaron que no hubo violencia en el arresto y que la intervención se produjo tras una queja interpuesta por los vecinos o el dueño de la vivienda.

La operación, que de confirmarse la identidad de los arrestados supondría un severo golpe a la ETA, fue llevada a cabo por la policía judicial de Burdeos y la División Nacional Antiterrorista (DNAT) francesa, en colaboración con la policía española.

• Sucesor

Olarra Guridi, de 35 años, es considerado por las fuerzas antiterroristas españolas como el supuesto responsable de los comandos militares de la ETA, puesto en el que habría sucedido a Javier García Gaztelu, «Txapote», tras la detención de éste el 22 de febrero de 2001 en Anglet (País Vasco francés).

Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi, que figuran en la lista de terroristas de la Unión Europea, supuestamente pertenecieron al Comando Madrid de la ETA entre 1995 y 1997, al que se le atribuyen numerosos atentados.

También, según las autoridades españolas, los dos pertenecieron al temible Comando Donosti de la banda.

Olarra Guridi y Múgica Goñi, de 32 años, están ambos procesados en relación con el asesinato del ex presidente del Tribunal Constitucional
Francisco Tomás y Valiente, el 14 de febrero de 1996.

Al supuesto jefe militar de la ETA se lo vincula con nueve asesinatos como miembro de los comandos Madrid y Donosti de la ETA.

Olarra Guridi y Múgica Goñi huyeron de la policía española en Bernidorm en 1994 y su pista se perdió hasta que reaparecieron en el Comando Madrid en 1995.

La policía española distribuyó por todo el territorio nacional en diciembre de 1999 las fotografías de Olarra Guridi y Múgica Goñi, así como las de
Julia Moreno Macuso y Javier Abaunza Martínez, ambos detenidos ya en Francia, por sus presuntos vínculos con el Comando Madrid.

En tanto, en otro hecho destinado a acorralar al separatismo vasco radical, el Parlamento regional de Navarra (norte) aprobó ayer una resolución para la disolución del grupo parlamentario de la coalición independentista vasca Batasuna, considerado el brazo político de la ETA
.

El presidente del Parlamento autonómico navarro, el socialista
José Luis Castejón, dijo que Batasuna ha dejado de existir en esa cámara en donde estaba representado por siete parlamentarios. Castejón explicó que la resolución implica, además de la «desaparición» de Batasuna, la pérdida de subvenciones como grupo parlamentario y el pase de sus siete parlamentarios al grupo mixto.

El pasado 26 de agosto, el magistrado de la Audiencia Nacional de España
Baltasar Garzón suspendió las actividades de Batasuna por un período de tres años ampliable a cinco, así como las manifestaciones u actos públicos en favor de ese partido y las subvenciones públicas que recibía como partido de parte de organismos públicos centrales, auto-nómicos o locales.

Batasuna, además, se enfrenta en paralelo a sendas demandas de ilegalización planteadas ante el Tribunal Supremo por el gobierno español y por la Fiscalía General del Estado que, por separado, han considerado que existen suficientes elementos que prueban los vínculos de esa coalición con la ETA.

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