En un condado donde uno de cada tres habitantes es inmigrante, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos desató una ola de miedo e indignación. El fallo habilitó la reanudación de redadas migratorias que, según críticos, se realizaron de manera “indiscriminada” y provocaron miles de arrestos junto a protestas masivas en el área de Los Ángeles.
9 de septiembre 2025 - 11:34
Temor en Los Ángeles tras el aval de la Corte Suprema a la reanudación de redadas migratorias en EEUU
La situación podría impulsar nuevas protestas masivas. Tendrán permitido detener a inmigrantes con el uso de criterios como color de piel o idioma.
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Inmigrantes de Los Ángeles temen por nuevas redadas de Donald Trump.
El fallo, aprobado por seis votos contra tres, anuló la restricción temporal impuesta por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien había limitado los operativos al considerar inconstitucional el uso de criterios como color de piel o idioma para detener a personas. Con la nueva resolución, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que las fuerzas “seguirán inundando la zona en Los Ángeles”.
La medida coincide con la promesa de la administración de Donald Trump de intensificar las operaciones en ciudades santuario como Chicago. “Les han dado carta blanca para atacar a cualquiera”, advirtió Maegan Ortiz, directora de una ONG que trabaja con jornaleros.
Las repercusiones políticas en EEUU
Las críticas no tardaron en llegar. La alcaldesa Karen Bass calificó el fallo como “peligroso” y un “ataque contra todas las personas en todas las ciudades de este país”.
Por su parte, el gobernador Gavin Newsom acusó a la mayoría de la Corte de convertirse en el “Gran Mariscal de un desfile de terror racial en Los Ángeles”.
Del otro lado, la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, celebró la resolución como “una victoria para la seguridad de los californianos y el estado de derecho”, insistiendo en que continuarán deteniendo a “asesinos, violadores, pandilleros y otros inmigrantes ilegales criminales”.
El impacto en las comunidades inmigrantes
El efecto de las redadas se sintió con fuerza en lavaderos de autos y en tiendas Home Depot, blanco habitual de los operativos. Según el Centro de Trabajadores de Lavado de Autos Limpios, ya fueron allanados 81 establecimientos y casi 250 trabajadores resultaron detenidos.
“Las redadas se están volviendo más violentas, los trabajadores están resultando heridos, los trabajadores están muriendo”, denunció su directora, Flor Meléndrez, en una conferencia frente a un Home Depot de Westlake.
Vecinos también dieron su testimonio. Pepe Morales, inmigrante con 25 años en Estados Unidos, relató: “Personalmente, esto es una persecución para mí y mi familia. Mis hijos se dan cuenta de todo lo que está pasando y me preocupa cómo les afectará psicológicamente”.
Las consecuencias económicas y sociales en EEUU
En el punto más alto de las redadas, comercios en zonas latinas quedaron vacíos y la actividad económica se desplomó. Grupos comunitarios organizaron reparto de alimentos para familias que permanecían escondidas en sus hogares. Hubo familias separadas, niños trasladados solos a centros de detención e incluso ciudadanos estadounidenses detenidos por error.
El United Farm Workers, a través de su vicepresidenta Elizabeth Strater, llamó a los empleadores a proteger a sus trabajadores: “Todo empleador debe asumir la responsabilidad de proteger los derechos de sus empleados. Si no tienen una orden judicial, no pueden entrar y aterrorizar”.
El origen de la causa se remonta a julio, cuando la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California y Public Counsel demandaron al DHS en representación de grupos de inmigrantes y ciudadanos. La Corte Suprema determinó que la restricción de Frimpong era demasiado amplia y debía ser anulada mientras el caso sigue en instancias inferiores.
El fiscal federal Bill Essayli respaldó el accionar del gobierno al declarar: “Somos una nación de leyes. La aplicación de la ley federal es innegociable y ningún tribunal puede limitarla”.
En tanto, representantes de la Patrulla Fronteriza negaron motivaciones raciales. “Más de la mitad de nuestros agentes son hispanos, no hay nada racista en que un oficial hispano arreste a alguien de otro país. No detenemos a nadie solo por el color de su piel”, defendió Paul Pérez, presidente del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza.
Para muchos inmigrantes, la decisión judicial reavivó temores que apenas habían comenzado a disiparse. Ángel Pineda, hondureño de 47 años que busca trabajo a diario en Westlake, contó que logró escapar de cuatro redadas. Antes se reunían allí entre 300 y 400 jornaleros; hoy apenas quedan 50.
“Ahora será aún más complicado. Con la autorización de la corte, Trump va a enviar a más gente a capturar inmigrantes”, advirtió.
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