Washington (EFE, AFP) - La Corte Suprema decidió ayer que el estado de Texas no tiene que celebrar una nueva audiencia para José Ernesto Medellín, un ciudadano mexicano condenado a muerte, desautorizando al presidente de EE.UU., George W. Bush, a raíz de un dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
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El caso «Medellín vs. Texas» llegó en octubre de 2007 a la Corte y alcanzó notoriedad en los medios de comunicación por la inusual postura que adoptó Bush al ordenar al Estado acatar el fallo de la CIJ, cuando normalmente ha tomado decisiones favorables a la pena de muerte. José Ernesto Medellín, a quien no se le facilitó el debido contacto consular, fue condenado a la pena capital en 1994 por violar y estrangular a dos jóvenes en octubre de 1993, cuando tenía 18 años.
El presidente de la Corte, John Roberts, justificó la decisión (tomada por 6 votos a 3) con el argumento de que el dictamen de la CIJ no se puede aplicar a los estados y que Bush «no puede establecer decisiones vinculantes que sean contrarias a leyes estaduales ya existentes».
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