Tíbet, la convulsión menos esperada
Las protestas de tibetanos se propagaron ayer en China y se reportaron siete manifestantes muertos en Sichuan (sudoeste), tras una represión que ya dejó al menos 80 muertos en Lhasa, la capital de la Región Autónoma de Tíbet. Esta seguía cerrada a los turistas y tomada por las fuerzas de seguridad chinas. Desde su exilio en Dharamshala (norte de India), el Dalai Lama, líder espiritual de los budistas tibetanos, denunció la represión, pero afirmó que los Juegos Olímpicos de agosto en Pekín no deben ser boicoteados por la comunidad internacional.
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Precisamente, ha sido el 49º aniversario de dicha huida, que se conmemoró el lunes, lo que ha hecho saltar la chispa de la rebelión. Pero lo que subyace tras esta nueva «Revuelta Azafrán», similar a la que sacudió a Birmania en setiembre del año pasado, son 58 años de ocupación china que han costado la vida a cientos de miles de personas y han supuesto un auténtico «genocidio cultural», al destruirse buena parte de su patrimonio histórico y erradicarse sus costumbres.
A cambio, Pekín ha desarrollado la región a base de carreteras, aeropuertos y un «tren del cielo» que es un prodigio de la ingeniería, pero que ha traído a la mitad de los cuatro millones de turistas que visitaron la región el año pasado y ha acelerado la colonización de la etnia han, la mayoritaria en China, frente a los tibetanos.
Así, los han controlan la administración, los comercios, los mejores empleos y son los principales beneficiarios de los hospitales, escuelas, restoranes y karaokes que han proliferado por las ciudades, mientras 80% de los 2,7 millones de tibetanos subsiste a duras penas de la agricultura y la ganadería.
Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI), el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el movimiento Falun Gong han alzado su voz en protesta contra de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos en China y Tíbet.
«La violación de los derechos humanos que preocupa a Amnistía Internacional en Tíbet incluye el apresamiento de presos de conciencia y otros presos políticos como resultado de juicios injustos», según un informe de esa ONG.




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