La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El panorama político en Bolivia siguió enturbiándose ayer, luego de que el prefecto (gobernador) de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reclamara la renuncia del presidente Evo Morales, un pedido que fue calificado de «desestabilizador» por el gobierno.
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El derechista Reyes Villa, ex militar de Ejércitoy ex candidato presidencial, responsabilizó al mandatario izquierdista de alentar conflictos políticos y entre departamentos (provincias) del este y el oeste de Bolivia que, en las últimas semanas, paralizaron el Congreso, la Asamblea Constituyente y provocaron una huelga civil en seis regiones.
«Corresponde recordarle al presidente que el principio de salida a esta crítica coyuntura pasa porque él cumpla su promesa, que sea consecuente con su compromiso y deje la presidencia», dijo a la prensa local, sin mencionar a qué definición de Morales se refería. El gobernador opositor acotó: «Que se vaya del gobierno, que se vaya del poder».
El gobierno de Morales, por intermedio del vocero Alex Contreras, calificó el pedido de « sedicioso».
«El pedir que Morales abandone su mandato es violentar las leyes constitucionales del país y negar la legitimidad de las autoridades elegidas democráticamente por el pueblo boliviano», aseveró.
«Hay una ofensiva desestabilizadora que no sólo es local, no sólo la derecha boliviana está en un afán desestabilizador, hay adversarios, fuerzas conspiradoras (a nivel) local e internacional», afirmó por su parte el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, mano derecha del jefe de Estado. El jefe opositor Jorge Quiroga también criticó el reclamo de renuncia.
Reyes Villa, junto con sus homólogos y líderes cívicos de la poderosa Santa Cruz, la gasífera Tarija, la amazónica Pando y la ganadera Beni, conforma la más férrea oposición al presidente indígena.
Seis de las nueve regiones de Bolivia (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca) protagonizaron el martes último una huelga de 24 horas, y sus líderes cívicos anunciaron para hoy una reunión en la ciudad fronteriza de Cobija (extremo norte) para coordinar más acciones de protesta, junto con sus gobernadores, luego de descartar dialogar con el gobierno.
Los departamentos reclaman el traslado de la sede de gobierno de La Paz a Sucre, amplias autonomías políticas y económicas y rechazan el juicio de responsabilidades que el gobierno impulsa en el Congreso contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, acusados de abuso de poder.
La ciudad de Sucre (sudeste) es, desde la última semana, el principal foco de conflicto social, donde el viernes se registraron choques callejeros entre policías y universitarios que dejaron unos 20 heridos, por su centenario reclamo por la capitalidad plena.
Morales anunció que dejará el poder en 2011, cuando concluya su mandato constitucional, aunque no descartó continuar en el cargo, si la Asamblea Constituyente decide aprobar la reelección ilimitada.
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