Uruguay: tras derogación de ley de amnistía, dimitió senador tupamaro

Eleuterio Fernández Huidobro

La polémica derogación de la Ley de Caducidad en Uruguay dejó el primer herido en el oficialismo que acompaña el gobierno de José Mujica. El senador oficialista y exguerrillero tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, votó a favor del proyecto por disciplina partidaria, pero dejó sentada su discrepancia con la mayoría y renunció a su banca.

Fernández Huidobro fue visitado durante la sesión por el presidente Mujica, quien le dio su respaldo.

La Camara de Senadores de Uruguay anuló la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), al aprobar un proyecto para tales efectos.

La iniciativa volverá ahora a la Cámara de Diputados para convalidar modificaciones que se introdujeron al texto original aprobado por ese cuerpo el año pasado.

El pronunciamiento contó con la voluntad favorable de 16 legisladores del Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno, y el rechazo de 14 senadores de los partidos Nacional y Colorado, de oposición conservadora, así como del disidente oficialista Jorge Saravia.

Durante un debate de más de 12 horas, el senador del Frente Amplio, Oscar López Goldaracena sostuvo que el proyecto "es de interpretación de la Constitución" y agregó que "se trata de un imperativo jurídico que debe estar por encima de las coyunturas políticas". Asimismo, subrayó que la ley de Caducidad "viola la Constitución".

El también oficialista Rafael Michelini, hijo del exsenador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976, admitió que la Ley de Caducidad tuvo un papel pacificador, pero en ese momento, "entre el valor de la paz y la justicia se optó por la paz, y este es el momento de optar por la justicia".

El texto del proyecto incorpora la resolución reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó dejar sin efecto la norma, por lo que se hace prevalecer el derecho internacional por sobre el nacional.

Por otro lado, toma en cuenta la declaración de inconstitucionalidad sobre la Ley de Caducidad emitida por la Suprema Corte de Justicia para algunos casos de violaciones a los derechos humanos y se hace extensiva a todas las situaciones.

Establece además que no se tomarán en cuenta, para la prescripción de los delitos cometidos en dictadura, el periodo que va desde marzo de 1985 hasta el día en que se apruebe este proyecto de ley.

Una vez que quede sin efecto la Ley de Caducidad tras la sanción definitiva por la Cámara de Diputados, probablemente a principios de mayo, "todos los casos podrán ser reabiertos". .

La ley, llamada también de impunidad, fue aprobada en 1986 tras la reinstalación de la democracia, y ratificada en dos plebiscitos, en 1989 y 2009, en condiciones de realización que fueron muy discutidas en el país.

La exclusión de casos de la ley, durante el gobierno anterior de Tabaré Vázquez y el actual de Mujica, habilitó el encarcelamiento de 17 exoficiales, entre ellos el exdictador Alvarez (1981-1985) por crímenes cometidos durante el régimen.