18 de diciembre 2007 - 00:00

Uruguay: imponen cárcel al ex presidente Alvarez

El ex presidente de facto uruguayo Gregorio Alvarez, procesado y encarcelado ayer por «desapariciones forzadas», fue responsabilizado repetidamente por la represión ilegal durante el régimen militar.
El ex presidente de facto uruguayo Gregorio Alvarez, procesado y encarcelado ayer por «desapariciones forzadas», fue responsabilizado repetidamente por la represión ilegal durante el régimen militar.
Montevideo (EFE, AFP, ANSA, Reuters) - El ex dictador uruguayo Gregorio Alvarez ingresó ayer en prisión acusado de «reiterados delitos de desaparición forzada» y traslados clandestinos de exiliados desde la Argentina a Uruguay cuando era jefe del ejército entre 1977 y 1978.

«Goyo» Alvarez, de 82 años, fue procesado y trasladado en la mañana de ayer al centro de reclusión de militares de Domingo Arena.

Además del ex jefe militar, también fue procesado por esa figura delictiva, que es aplicada por primera vez, el ex marino Juan Carlos Larcebau, y se pidió la captura del también ex oficial de Marina Jorge Troccoli, ausente del país desde hace dos meses.

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay rechazó la semana pasada un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada «ley de desaparición forzada», aprobada hace poco más de un año. Este paso despejó el camino para el procesamiento judicial de Alvarez, quien fue comandante en jefe del ejército entre 1978 y 1979, y presidente «de facto» entre 1981 y 1985, cuando concluyó el régimen militar (1973-1985).

Alvarez asumió el cargo de comandante en jefe del ejército en febrero de 1978, por lo que la fiscalía entiende que el ex dictador debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) ocurridos entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.

La fiscal del caso, Mirtha Guianze, indicó a la prensa que el ex gobernante de facto fue procesado por «reiterados delitos de desaparición forzada» en relación con esos traslados clandestinos de unas 30 personas desde la Argentina, donde estaban exiliados escapando a la represión.

Alvarez ya había negado cualquier responsabilidad en esas acciones coordinadas contra opositores políticos por parte de los gobiernos militares que se establecieron en el Cono Sur en los años 70 y 80, conocidas como Plan Cóndor.

El delito por el que se acusa al ex dictador y a los otros dos ex oficiales es castigado con una pena de hasta 25 años de cárcel.

El abogado Carlos Curbelo Tammaro, encargado de la defensa de Alvarez, anunció por medio de un escrito que renunciaba a su tarea, pues, en su opinión, el dictamen del procesamiento no se ajusta a derecho.

Según declaraciones recogidas por el diario «El Observador» en su página digital, Tammaro dijo que no existe «un marco legal y constitucional que ampare los principios del debido proceso legal y las garantías para la defensa de cualquier justiciable».

Añadió que la fiscal Guianze «fue elegida ex profeso», monopolizó «todos los juicios penales contra militares» y «durante seis meses ha instruido una prueba de cargo, sin conocimiento ni contralor de esta defensa».

Al respecto, Guianze declaró a la cadena de radio «El Espectador» que se sentía satisfecha por haber cumplido «la función» que había caído «en sus manos».

Poco antes de conocerse el procesamiento, el Centro Militar, el Círculo Militar y el de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas cuestionaron en un comunicado la interpretación de la Ley de Caducidad, que perdonó a los militares de los actos cometidos durante el régimen dictatorial.

Esa norma, aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada en las urnas en 1989, puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, los delitos cometidos fuera de Uruguay, como el traslado clandestino de detenidos, quedan fuera del alcance de la ley, según la interpretación del gobierno del presidente socialista Tabaré Vázquez, el primero que abrió la puerta a los juicios contra los militares.

«Es un día histórico», declaró a la prensa la activista de derechos humanos Irma Leites, de la organización Memoria, Plenaria y Justicia.

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