El Gobierno de Uruguay promulgó este lunes una ley que endurece la lucha contra la corrupción en el Estado, al aumentar las penas mínimas y máximas de funcionarios y legisladores que comentan iregularidades desde su función de gobierno.
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Según la Presidencia, la ley modifica disposiciones relativas al fraude, el peculado por aprovechamiento del error de otro, concusión y cohecho simple y calificado del Código Penal, delitos que califican como agravantes especiales.
La pena se elevará en un tercio si el infractor es senador, diputado, ministro o subsecretario, magistrado, actuario o alguacil, magistrado, funcionario policial, militar, de la Dirección General Impositiva o de Aduanas.
Asimismo, establece que si se trata de funcionarios que prestan servicios en establecimientos de reclusión o detención de personas también se incrementará en un tercio las penas mínimas y máximas.
Dispone, además, un mínimo de dos años de prisión para quien esté involucrado en la importación, exportación, producción, elaboración, comercialización o suministro de sustancias y preparados prohibidos, como la pasta base de cocaína.
La ley es la 19007, del 16 de este mes, y modifica disposiciones establecidas en los artículos 153 (fraude), 155 (peculado por aprovechamiento del error de otro), 156 (concusión), 157 (cohecho simple), 158 (cohecho calificado) del Código Penal sobre delitos de funcionarios públicos.
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