La dura realidad que imponen las cuentas fiscales y el peso de la deuda pública obligan al presidente Lula Da Silva a alejarse de sus partidarios de la ultraizquierda y girar hacia los partidos centristas, como el del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Las divergencias en el seno del Partido de los Trabajadores, hoy en el poder en Brasil, auguran dificultades a Lula para encarar las reformas estructurales que requiere su país para estabilizar la situación fiscal y la deuda pública. Los analistas ya anticipan, además, que el presidente, de origen sindical, embestirá contra el poder gremial de la mano de la reforma laboral. Mientras tanto, hoy una misión del FMI comenzará la primera evaluación de la situación económica con el fin de aprobar nuevos desembolsos del crédito negociado el año pasado por 30.000 millones de dólares. Además, hoy el equipo económico explicará cómo será el ajuste del gasto público que implementará para cumplir con la nueva meta de superávit fiscal de 4,25% del PBI (anterior, 3,75%), algo que ya ganó el beneplácito del FMI, que no ahorró elogios para con Lula.
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Recientemente, la cúpula del Banco Central entronizada por el PT fijó en 8,5% la meta de inflación anual, 2 puntos más que lo previsto por el gobierno anterior y 4 puntos menos que el acumulado de los últimos 12 meses. Según analistas del sector privado ésa es una aspiración muy ambiciosa -algunos hablan de tasas superiores a 11%- que requerirá la continuidad de políticas monetarias duras. Pero, claro, esa restricción monetaria -criticada a coro por empresarios, sindicalistas y la izquierda del PT- impactará en el crecimiento de la economía: mientras el gobierno insiste con su meta de 2,8%, analistas privados apenas apuntan a un rango de entre 1 y, como mucho, 2%.
Pero, incluso un objetivo limitado como éste encuentra obstáculos. El eventual estallido de una guerra en Irak podría complicar la estrategia oficial provocando un violento retraimiento de los capitales internacionales hacia colocaciones más seguras, elevando las tasas de interés y encareciendo la ya muy pesada deuda brasileña, que llega a 56% del PBI. Aparte, supondría una elevación del precio del petróleo que importa el país, presionando con fuerza sobre los precios.
Pese al escaso tiempo transcurrido desde el debut del mandatario, la lista de reproches de los rebeldes de la izquierda es larga y alcanza inclusive a la propuesta más emblemática de la campaña: el plan contra la indigencia llamado, con impecable sentido de marketing, Hambre Cero. Es que la mayoría de los beneficios prometidos a los futuros beneficiarios del plan ha quedado por ahora en veremos.
En la actual administración se presenta una tensión que recorrió también de punta a punta -aunque con menor virulencia- el gobierno de Fernando Henrique Cardoso: la puja entre un ala ortodoxa y otra desarrollista. Y como en aquella oportunidad, la primera logra prevalecer.
La indecisión acerca de una ruptura definitiva con los petistas críticos explica en buena medida el exasperante internismo y la exagerada propensión al debate que muestra el gobierno en temas clave como las reformas previsional y tributaria.
La primera toca los privilegios de los poderosos sindicatos estatales -clave en la Central Unica de Trabajadores, el brazo gremial del PT-; la segunda, las siempre difíciles relaciones presupuestarias entre la Unión, los estados y los municipios.
La cada vez más factible separación de los izquierdistas de la alianza oficialista -que acaso no resulte en la salida de demasiados legisladores- señala un camino muy posible a mediano plazo: la incorporación formal de dirigentes de partidos centristas al gabinete, lo que alterará sustancialmente el carácter del gobierno.
¿Qué encanto encuentra en Lula el centrismo brasileño? Más allá de la línea económica, el hecho de que su carisma e influencia sobre la izquierda y los sindicatos facilite las reformas previsional, tributaria y hasta laboral en el país. Salvando las diferencias, tal como ocurrió con Menem en la Argentina, sólo el líder de un partido con cierto control sobre el movimiento obrero puede imponer reformas tan sensibles.
En el caso de que estas tendencias se consoliden no cambiará sólo la coalición política de Lula, sino también la alianza social que lo encumbró y lo sostiene. La reforma previsional afectará a funcionarios públicos, militares y miembros del Poder Judicial, esto es a amplios sectores de clase media.
En el fondo, lo que Lula está experimentando es una dificultad que no advirtió durante la campaña: que su afán de redistribución no se basa en una acumulación previa de riqueza, por lo que su desafío es doble y más complejo: crecer y repartir a la vez.
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