Rebelión en la industria del vino: jaque mate a la COVIAR

Negocios

En un hecho inédito, 262 empresas le dieron otro golpe de knockout a la Corporación Vitivinícola Argentina. Repudian el aumento del "impuesto" obligatorio.

Un divorcio anunciado. Una grieta que, lejos de cerrarse, se acrecienta. Un impuesto encubierto y un plan "estratégico" que pierde legitimidad.

De un lado del cuadrilátero cientos de empresas del sector vitivinícola. Del otro, la COVIAR, un organismo público-privado creado sobre la base de tres pilares: aumentar las exportaciones, mejorar las ventas del mercado interno y promover la participación de los productores. El sector, o gran parte de él, considera que no se cumplieron ninguno de esos objetivos y ponen entre las cuerdas a esta institución que nació en 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Consenso y repudio

En las últimas semanas, 262 establecimientos vitivinícolas de todo el país coincidieron en la firma de un documento que en lo sustancial es tan escueto como elocuente: "Estamos en desacuerdo con el reciente aumento y el pago de la contribución obligatoria a la Corporación Vitivinícola Argentina, cuyo fin es financiar un plan estratégico no acordado, para los próximos 10 años, en un contexto global absolutamente imprevisible", reza uno de los párrafos del escrito presentado días pasados al ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra.

La industria expresa su rechazo no sólo a la suba (del 30,1%) del impuesto sino al aporte completo. "No queremos pagar más", afirman desde el sector.

No se trata de una botella lanzada al mar con un mensaje encriptado; el documento fue entregado a autoridades nacionales y provinciales pero dirigido especialmente a Basterra para que interceda ante el Gobierno Nacional y decrete la suspensión de la contribución (o la obligatoriedad de la misma) que pagan las empresas a la COVIAR, dispuesta en el artículo 10 de la ley N° 25.849. También exigen que el Instituto Nacional de Vitivinicultura no paralice a los establecimientos que incumplan con el pago.

"No hace mucho, desde COVIAR aseguraban que éramos un par de locos opositores sin representación alguna, argumento que ahora se diluye como el agua en la mano", opinó un bodeguero de la región de Luján de Cuyo. “El ministro debe darse cuenta del repudio a la opresión fiscal y a las políticas de nuevos gestores de un falso interés general”, continuó.

"El golpe de efecto será devastador. Es una fuerte escalada en el conflicto que comenzó con críticas y reclamos públicos por los resultados del Plan Estratégico (PEVI) 2020, siguió con la negativa a un plan 2030 y sumó un severo cuestionamiento a una elección de autoridades a la carta (por la reciente designación de José Alberto Zuccardi como presidente de la COVIAR), todo lo cual llevó la situación a un límite de no retorno provocando el inevitable retiro del directorio de las principales entidades vitivinícolas. No se puede disimular el disenso", concluyó el empresario en diálogo con Ámbito.

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José Alberto Zuccardi, presidente de la COVIAR.

José Alberto Zuccardi, presidente de la COVIAR.

Escenario crítico

“En un escenario crítico como el que estamos atravesando, parece mentira que impongan un aumento de más del 30% en la coparticipación", alertó Guillermo Barzi, presidente de Humberto Canale. “Por estos y otros motivos, enviamos al Gobierno una propuesta que lleva la firma de 262 socios que representan el 90% de la exportación local y cerca del 65% del mercado interno. Pedimos que se revea el aumento de la contribución y también que se investigue la situación de COVIAR desde el punto de vista de la asignación de los recursos”, explicó.

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“En un escenario crítico como el que estamos atravesando, parece mentira que impongan un aumento de más del 30% en la coparticipación

“En un escenario crítico como el que estamos atravesando, parece mentira que impongan un aumento de más del 30% en la coparticipación", alertó Guillermo Barzi, presidente de Humberto Canale.

Según datos de Bodegas de Argentina, el presupuesto de la Corporación Vitivinícola Argentina es de 140 millones de pesos anuales. Las bodegas aportan casi el 50% de ese total.

Esta vez el conflicto parece haber superado las vallas institucionales para proponer un combate cara a cara entre los contribuyentes (las bodegas) y quienes conducen la COVIAR; mientras tanto, ministros, gobernadores y funcionarios parecen desconcertados por haberse dado de frente con una realidad que desnuda un pasado convenientemente negado que se transformó en un presente casi bizarro y sin futuro aparente.

Testimonios sobran, la coincidencia es unánime. "No podemos apoyar un PEVI 2030 si ya tuvimos la mala experiencia del 2020", asegura Ariel Esteban, de Altillos de Medrano. "El PEVI fue una gran decepción, no le sirvió a los productores ni a la industria. Por lo tanto me opongo a la contribución y a un nuevo plan", refuerza Alexis Sotana, de Bodega TIERRADEANDES SA.

"Para quienes diversificamos nuestra producción, en nuestro caso como empacadores de uvas en fresco y elaboradores de vinos y mostos, la contribución para el PEVI sólo ha significado un gasto", adhiere Ernesto Villasante, titular de Agrícola Villasante.

Así, mientras el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 transita su recta final y -a pesar de los fuertes cuestionamientos por no haber cumplido con los objetivos trazados- la COVIAR decidió ir por más. El conflicto ahora se trasladó a los despachos del Ministerio de Agricultura de la Nación. El tiempo será testigo.

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