La mayoría fue despedida sin causa y cuenta con acuerdos homologados por el SECLO que la empresa aún no pagó. El resto aceptó retiros voluntarios firmados ante escribano público que tampoco fueron abonados. Ante el silencio de la compañía, los afectados ya iniciaron acciones judiciales.
Más de 700 extrabajadores de Flybondi siguen sin cobrar indemnizaciones y acuerdos de retiro voluntario.
Más de 700 extrabajadores de Flybondi reclaman el pago de indemnizaciones por despidos sin causa y acuerdos de retiro voluntario que la empresa suscribió con ellos y que, según denuncian, permanecen impagos desde hace más de tres meses. La compañía, cuyo principal accionista es el empresario Leonardo Scatturice, no informó cuándo prevé regularizar las obligaciones pendientes.
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Ante la falta de pago, los trabajadores comenzaron a recurrir a la Justicia. Actualmente, hay cientos de expedientes en trámite para ejecutar acuerdos que fueron reconocidos y firmados por la propia empresa. Según los afectados, cada incumplimiento obliga a iniciar un nuevo proceso judicial y extiende los plazos para el cobro de una deuda que ya había sido reconocida por escrito.
La mayoría de los acuerdos fueron firmados por Verónica Fúnes, directora de Recursos Humanos de Flybondi y OCP Tech, ante la escribana pública Paula Rodríguez Foster. Otros fueron homologados ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), la instancia administrativa previa al inicio de un juicio laboral. Pese a ese respaldo, los exempleados denuncian que la empresa continúa sin cumplir con los compromisos asumidos.
El conflicto alcanza también a trabajadores que continúan en actividad y que, según las denuncias, no cobraron los salarios de junio y julio ni el aguinaldo. El temor a posibles represalias laborales habría llevado a algunos empleados a evitar reclamos públicos, en un contexto que describen como de preocupación e incertidumbre.
A esto se suma la falta de pago de aportes, que dejó el 6 de agosto a trabajadores activos y exempleados sin cobertura de medicina prepaga y obra social.
Además, los reclamos también alcanzan a los pasajeros. Los trabajadores denuncian que cientos de miles de clientes aún no recibieron los reembolsos correspondientes a vuelos cancelados durante los últimos ocho meses.
La lista de acreedores incluye además a cientos de proveedores, que acumulan meses sin cobrar. Incluso en los casos en los que se habían acordado planes de pago, los ex trabajadores aseguran que esos compromisos tampoco fueron cumplidos.
A su vez, la compañía mantiene deudas con el Estado nacional y distintas provincias, vinculadas al pago de tasas e impuestos a organismos y empresas públicas.
La crisis también tuvo repercusiones fuera de Argentina. En Brasil, la ANAC restringió la venta de pasajes de Flybondi debido al nivel de cancelaciones y a las fallas operativas registradas por la compañía.
En Argentina, en cambio, la aerolínea continúa comercializando pasajes pese al patrón de cancelaciones denunciado. Los extrabajadores cuestionan que la ANAC argentina continúe aprobando los planes operativos de la empresa mientras persisten incumplimientos laborales, comerciales y financieros.
También apuntan contra la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), el gremio que representa a los empleados, por su presunta falta de intervención frente a la situación. El conflicto vuelve así a poner en discusión el rol de los gremios de empresa y su capacidad para defender a sus afiliados ante una crisis.
Con una operación que durante años tuvo presencia en más de 15 provincias, los incumplimientos denunciados por los trabajadores exceden el ámbito estrictamente laboral y afectan a empleados, pasajeros, proveedores y organismos públicos. El conflicto, de esta manera, adquirió una dimensión social que alcanza a distintas regiones del país y también trasciende las fronteras.