La firma que había sido declarada en quiebra en noviembre consiguió el levantamiento tras depositar más de $21 millones. El Juzgado Comercial 27 entendió que se desvirtuó la cesación de pagos.
La empresa recupera la administración de sus bienes y evita, al menos en esta instancia, el avance hacia una liquidación patrimonial.
La situación judicial de la cadena de hamburgueserías Deniro dio un vuelco en las últimas horas. A poco más de tres meses de que el Juzgado Comercial 27 decretara su quiebra, el mismo tribunal resolvió revocar la declaración, luego de que la empresa efectuara un depósito judicial por $21,4 millones. El monto, según consta en el expediente, comprende intereses y una previsión provisoria para afrontar las costas del proceso.
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La resolución fue firmada por la jueza María Virginia Villarroel, quien sostuvo que las sumas ingresadas en la cuenta judicial “resultan suficientes para desvirtuar el estado de cesación de pagos” que había sido imputado a la compañía. En consecuencia, y en los términos del artículo 96 de la Ley de Concursos y Quiebras, se dispuso el levantamiento de la quiebra sin más trámite.
El expediente “Deniro Hamburguesería S.A.S. s/ quiebra” se había iniciado a partir del pedido de un acreedor y avanzó hasta la declaración formal de quiebra el 25 de noviembre de 2025. En aquel momento, el tribunal ordenó la entrega de bienes al síndico, prohibió pagos directos a la sociedad y abrió el período para que los acreedores presentaran pedidos de verificación. La medida implicaba que los dueños perdían la administración de la empresa mientras se evaluaba el pasivo y se avanzaba hacia una eventual liquidación.
La decisión judicial de noviembre fue la culminación de un proceso de desgaste que se había profundizado en los últimos años. Deniro nació en 2007, en pleno auge de las hamburgueserías artesanales, con una propuesta diferenciada basada en la hamburguesa de entraña. El concepto logró posicionarse rápidamente y la compañía desplegó un agresivo plan de expansión apoyado en franquicias. En su punto más alto, superó los 30 locales y se ubicó entre las cadenas más grandes del segmento por cantidad de bocas.
El crecimiento estuvo acompañado por la instalación de una planta central en Mataderos, desde donde se abastecía a toda la red con panes, medallones y salsas. Ese esquema de integración vertical fue presentado como una ventaja competitiva, pero con el tiempo se convirtió en foco de conflictos operativos y regulatorios. Las clausuras reiteradas y los problemas de funcionamiento afectaron la continuidad del abastecimiento y tensaron la relación con los franquiciados.
En paralelo, comenzaron a multiplicarse los reclamos de operadores que cuestionaban las proyecciones de ventas, los costos iniciales en dólares y el soporte recibido por parte de la casa matriz. Los proveedores también denunciaban demoras en los pagos. Uno de los indicadores más contundentes del deterioro fue la acumulación de casi $5.000 millones en cheques rechazados, según registros del Banco Central, una cifra que reflejaba la magnitud de la crisis financiera.
La declaración de quiebra formalizó ese escenario. Con la intervención del síndico se abrió el proceso de verificación de créditos y se activaron los mecanismos previstos por la ley para ordenar el pasivo y, eventualmente, liquidar activos. Para el mercado gastronómico, la caída de Deniro se leía como otro caso de expansión acelerada sostenida en una estructura financiera frágil.
El panorama cambió apenas días atrás. De acuerdo con la cédula de notificación emitida el 12 de febrero, Deniro realizó un depósito judicial por poco más de $21,41 millones en cumplimiento de una requisitoria previa del tribunal. El fallo deja constancia de que el saldo en la cuenta de autos asciende a ese monto y que resulta suficiente para neutralizar el estado de cesación de pagos que había dado sustento a la quiebra.
Sobre esa base, la jueza resolvió revocar la declaración anterior. Al mismo tiempo, fijó un plazo de quince días para que el peticionante de la quiebra acredite haber promovido la ejecución pertinente y obtenido, en ese marco, la afectación cautelar de los fondos depositados a embargo, bajo apercibimiento de disponer su liberación. Es decir, el acreedor deberá avanzar en la vía ejecutiva si pretende asegurar el cobro con esos fondos.
La resolución impuso las costas a Deniro, pese al levantamiento de la quiebra y reguló honorarios para los letrados intervinientes y el síndico. Además, ordenó que el síndico estime el monto correspondiente a la tasa de justicia e informe la deuda en el Boletín Oficial y los restantes gastos derivados del proceso.
En términos prácticos, la empresa recupera la administración de sus bienes y evita, al menos en esta instancia, el avance hacia una liquidación patrimonial. Sin embargo, el levantamiento de la quiebra no elimina los desafíos estructurales que arrastra la cadena. El volumen de cheques rechazados, los conflictos con franquiciados y los antecedentes operativos configuran un escenario que exigirá una recomposición profunda.
Lo cierto es que el caso de Deniro vuelve a poner en evidencia la fragilidad de algunos modelos de expansión en el sector gastronómico, especialmente aquellos apalancados en franquicias y con estructuras de costos sensibles a la inflación y al tipo de cambio. El depósito judicial le permitió a la compañía salir de la quiebra. La incógnita ahora es si podrá sostener esa recuperación en el tiempo y estabilizar definitivamente su situación financiera.
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