El Gobierno concretó la decisión oportunamente anunciada de eliminar los aportes obligatorios de las bodegas que financiaban el funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
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La medida, impulsada por Federico Sturzenegger y respaldada por Bodegas de Argentina, es parte de las políticas de desregulación económica. Se reconfigura el modelo de articulación público-privada en la industria del vino.
El Gobierno avanzó otro paso en la desregulación de la industria del vino.
El Gobierno concretó la decisión oportunamente anunciada de eliminar los aportes obligatorios de las bodegas que financiaban el funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
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La medida es parte de las políticas de desregulación de distintos sectores económicos, en este caso el vitivinícola, que viene impulsando la administración de Javier Milei.
La Resolución 55/2026, publicada en el Boletín Oficial, introduce un cambio estructural en el esquema institucional de la vitivinicultura local y reabre un debate de larga data dentro del sector: da por finalizado el sistema de contribuciones compulsivas previsto en la Ley 25.849 y declara concluido el ciclo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), eje central del funcionamiento de la entidad durante más de dos décadas.
La norma, firmada en el ámbito de la Secretaría de Agricultura dependiente del Ministerio de Economía, establece en su artículo 6 “la finalización (…) de las contribuciones obligatorias previstas” en la legislación vigente, así como de cualquier otra fuente de financiamiento público nacional vinculada al PEVI.
Con ese argumento, el Gobierno sostiene que, al haber finalizado el horizonte temporal del plan -originalmente diseñado hasta 2020-, el esquema de recaudación pierde sustento legal y debe ser eliminado.
El texto oficial va más allá de la simple eliminación del tributo sectorial y dispone además el cierre formal del programa estratégico que justificaba su existencia.
En ese marco, fija un plazo máximo de tres meses para que la Coviar presente un informe final que incluya rendición de cuentas, cumplimiento de metas y detalle del uso de los recursos acumulados durante su ejecución.
Además, determina que los fondos remanentes deberán ser transferidos al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, con el objetivo de evitar que queden sin asignación específica tras la finalización del plan.
La resolución no implica la disolución de la Coviar, pero la deja sin su principal mecanismo de financiamiento. La entidad -que articula a cámaras empresarias, gobiernos provinciales, organismos técnicos y el propio Estado nacional- a partir de ahora deberá redefinir su funcionamiento bajo un esquema de aportes voluntarios. Algo que se ve poco probable en un contexto de fuerte tensión interna dentro de la cadena vitivinícola y con una industria que atraviesa una situación crítica, con caída de ventas internas y de exportaciones.
Desde el Gobierno, el principal impulsor político de la medida es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró públicamente la decisión y la inscribió en la lógica general de reducción de cargas regulatorias e impuestos sectoriales.
El funcionario calificó al esquema de financiamiento como “una aberración” que obligaba a los privados a sostener una estructura que, según su visión, había perdido su razón de ser tras el vencimiento del plan estratégico.
En distintas intervenciones en redes sociales y actos públicos, Sturzenegger argumentó que el sistema vigente implicaba que productores y bodegas pagaran contribuciones por múltiples conceptos -elaboración, fraccionamiento, comercialización y procesamiento de uva- destinadas a financiar una entidad privada, lo que configuraba, en su interpretación, una distorsión del funcionamiento del mercado.
Bajo ese enfoque, la eliminación del aporte obligatorio se presenta como una medida orientada a reducir costos, mejorar la competitividad y eliminar lo que el Gobierno considera “intermediaciones innecesarias”.
El respaldo más contundente dentro del sector empresario provino de Bodegas de Argentina, entidad que desde hace años venía cuestionando el esquema de financiamiento de la Coviar.
Su actual conducción valoró la resolución y destacó que convierte el aporte en voluntario, permitiendo que cada empresa evalúe el “valor agregado” de la entidad antes de decidir su contribución.
“Cada empresa verá el valor agregado que le da la Coviar y de allí decidirá su contribución”, señaló la presidenta de la cámara, Patricia Ortiz, al referirse al nuevo escenario.
En la misma línea, la entidad sostuvo que el fin de la “intermediación coactiva” abre una etapa de mayor libertad y responsabilidad sectorial, sin que ello implique abandonar la planificación estratégica.
El argumento central de Bodegas de Argentina se apoya en la idea de que el PEVI ya cumplió su ciclo y que el financiamiento obligatorio había perdido justificación.
Según la entidad, el nuevo esquema permitirá una asignación más eficiente de recursos, alineada con los intereses concretos de las empresas y con una lógica de adhesión voluntaria similar a la que ya rige en otros organismos de promoción, como Wines of Argentina.
La posición de la cámara empresaria se inscribe en un proceso más amplio de apoyo a las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional.
En ese sentido, ya había respaldado medidas previas orientadas a simplificar el marco normativo del sector vitivinícola y reducir la intervención estatal, al considerar que contribuyen a mejorar la competitividad sin afectar la calidad ni la trazabilidad del producto.
En el plano político, la primera reacción de los gobiernos provinciales mostró matices, aunque en líneas generales se observa un acompañamiento moderado a la decisión. Desde Mendoza -principal provincia vitivinícola del país- distintos funcionarios vienen planteando la necesidad de “desdramatizar” el rol de la Coviar y avanzar hacia esquemas más flexibles de financiamiento, en línea con la visión del Ejecutivo nacional.
Este posicionamiento responde, en parte, a las tensiones acumuladas en los últimos años entre el organismo y distintos actores de la cadena productiva, en particular por el manejo de fondos y los resultados del plan estratégico.
La discusión sobre la eficacia del PEVI y la pertinencia de su continuidad había ganado intensidad en el sector, con cuestionamientos tanto desde el ámbito empresarial como desde algunos gobiernos provinciales.
El trasfondo de la medida remite precisamente al balance del Plan Estratégico Vitivinícola 2020, lanzado a comienzos de los años 2000 con el objetivo de posicionar al vino argentino en el mercado internacional, incrementar exportaciones y mejorar la competitividad del sector.
Si bien el programa permitió articular políticas de promoción y desarrollo, desde el Gobierno actual sostienen que no alcanzó plenamente sus metas y que su continuidad carecía de justificación legal y económica.
En ese sentido, la resolución interpreta que la prórroga impulsada por la Coviar -bajo el concepto de “PEVI 2030”- no contó con la aprobación formal del Estado nacional, por lo que no podía sostener el esquema de financiamiento obligatorio.
Esta interpretación jurídica constituye uno de los pilares centrales de la decisión oficial.
El impacto inmediato de la medida se traduce en un alivio financiero para las bodegas, que dejarán de afrontar una contribución obligatoria que, en algunos casos, era cuestionada por su peso relativo en la estructura de costos. Al mismo tiempo, abre interrogantes sobre el futuro de la Coviar y sobre la continuidad de las políticas de promoción sectorial que dependían de ese financiamiento.
Desde el Gobierno, sin embargo, insisten en que la eliminación del aporte no implica abandonar la estrategia de desarrollo de la vitivinicultura, sino redefinirla bajo criterios de eficiencia y voluntariedad.
En esa línea, la resolución busca trasladar al sector privado la responsabilidad de sostener aquellas iniciativas que considere valiosas, en un esquema más alineado con las reglas del mercado.
La decisión también se inscribe en una política más amplia de desregulación económica, que incluye la eliminación de normas, la reducción de impuestos sectoriales y la revisión de estructuras consideradas ineficientes.
En el caso de la vitivinicultura, este enfoque ya se había manifestado en la derogación de cientos de regulaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura y en la simplificación de los mecanismos de control, medidas que generaron tanto apoyos como resistencias dentro del sector.
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