Acerca de la planificación fiscal nociva, el accionar del Estado y la cooperación impuesta

Novedades Fiscales

La RG 4.838 dispuso la obligación de informar para los asesores fiscales afectando su ejercicio profesional y el secreto profesional. Asimismo impacta en cuestiones vinculadas con el comercio internacional de bienes y servicios.

El nuevo régimen de información de planificaciones fiscales (PF) implementado por la AFIP (RG 4838/20) ha sido cuestionado en diversos medios (en este suplemento fiscal el día 3/11/2020)(1) y por entidades que agrupan a Profesionales en Ciencias Económicas. La Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) presentó el 5/11/2020 una nota dirigida a la Administradora de la AFIP solicitándole “la suspensión de su vigencia hasta tanto se produzcan, establezcan y/o aclaren los motivos expuestos en todos y cada uno de los apartados incluidos”, emitiendo un Comunicado el 14/12/2020 propiciando su derogación en apoyo a los reclamos administrativos de la profesión.(2)

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA solicitó a la Justicia Federal la aplicación de una medida cautelar(3), además del reclamo administrativo peticionando su derogación y suspensión mientras se tramita el referido reclamo.

El motivo principal de los reclamos mencionados en la nota de la FAPCE citada se sustenta en la pretensión de instrumentar vía administrativa una medida que pone la obligación de informar en cabeza de los asesores fiscales afectando su ejercicio profesional y el desarrollo de su actividad lícita, además de atentar contra su derecho/deber del secreto profesional, advirtiendo además que la norma argentina hace extensiva la obligación de información a todo tipo de planificación fiscal, nacional e internacional, no limitándose a las -agresivas o -abusivas a nivel transnacional como prevé la Acción 12, denominada -Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficio (BEPS por su sigla en inglés), creando una verdadera “carga pública” a un sujeto ajeno a la relación jurídico-tributaria como es el “asesor fiscal”, arrogándose una facultad que es privativa del Poder Legislativo.(el resaltado me pertenece).

1|IMPACTO EN COMERCIO INTERNACIONAL

Entiendo sumamente útil y contundente el análisis realizado por la Comisión de Estudios de Asuntos Tributarios de la Federación, transcriptos en el Anexo I de la presentación hecha ante la AFIP, permitiéndome recomendar su lectura a todos los colegas dada la precisión en el examen de la norma y reparos a sus contenidos

Compartiendo los conceptos allí vertidos, haré mención a algunas cuestiones vinculadas a la actividad de comercio internacional de bienes y servicios y sus implicancias

Tal como se destaca, “la norma pretende se informen las planificaciones fiscales sin importar si las mismas resultan agresivas, incluyendo tanto las internacionales como las nacionales, y con un tipo abierto no taxativo debiendo remitirse al micrositio de la web de la AFIP para saber si debe o no ser informada (ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio…” y “…cualquier disminución de la materia imponible…”(Artículo 5°)

En mi opinión la planificación fiscal nociva o fraudulenta debe ser reprimida.

Sin embargo la planificación de los negocios (incluida la fiscal) resulta imprescindible cuando se persigue obtener seguridad jurídica y certeza en los ciclos o emprendimientos económicos, siendo obligación del Estado dar señales claras y duraderas de la política fiscal a implementa, hacerla cumplir y cumplirla para así brindar seguridad jurídica y confiabilidad, las cuales se deben extender más allá del Presidente de turno.

Deben emanar normas preestablecidas claras, razonables y duraderas para lograr lo que estimo la pretensión de la mayoría de los actores económicos: que el Estado, a través de su comportamiento y accionar, brinde certeza jurídica a quienes realizan emprendimientos económicos.

Argentina ha celebrado acuerdos internacionales orientados a intensificar el comercio internacional, promover el crecimiento y bienestar general, basados en reglas estables y duraderas(4) otorgando ventajas tributarias a los operadores e imponiendo imitaciones a su modificación unilateral, vulnerada, al igual que nuestra Constitución Nacional, muchas veces por nuestras autoridades. Traigo a colación algunos ejemplos:

Mientras nuestra Constitución dispone que los derechos de exportación e importación deben establecerse por ley, la Ley 22415 delegó impropiamente en el PE la facultad de imponerlos, modificarlos, etc. El art. 755 (delegación que alude a los primeros) recién fue declarado inconstitucional por sentencia de la CSJN del 15 de abril de 2014(5) habiendo el PE histórica y recurrentemente echado mano a los DNU para gravar, eximir o mejorar la situación tributaria de determinados sectores; o a Resoluciones del Ministerio de Economía (Res.11/2002) lesionando el originario mandato constitucional y tornando imprevisible e intempestiva la imposición o exención.

El Congreso de la Nación el 28.04.93 sancionó la Ley de inversiones mineras (Ley 24196) para dotar de estabilidad fiscal a dichos emprendimientos comprometiéndose a mantener invariable la carga tributaria vigente a la aprobación del proyecto; la AFIP comenzó (diciembre 2007) a gravar con derechos las exportaciones de aquellas empresas alcanzadas por dicha garantía (luego de reconocérsela por casi 7 años, sin haber reglamentado el régimen de compensación, infringiendo innumerables perjuicios

2|¿CÓMO PLANIFICAR EN INCERTIDUMBRE?

Dejando de lado (por razones de espacio) ahondar con otros ejemplos, me pregunto muchas veces cómo planifica un exportador (o importador) sus operaciones de venta/compra al exterior si el impuesto que debe pagar por exportar (o importar) o la disponibilidad de la moneda extranjera (o el tipo de cambio) varía entre el momento en que forma parte de su costo y compromiso y el que lo debe cobrar o desembolsar, operaciones que debe asumir aún con pérdidas, so pena de quedar expuesto a sanciones contractuales, aduaneras o cambiarias.

El sector privado puede planificar rumbos económicos con incertidumbre, pero necesita tener la certeza del accionar del Estado.

Estoy convencido de que cuanto más ético sea el accionar del Estado, más se valorará su facultad legal de solicitar información clara, precisa y razonable destinada a combatir la evasión tributaria y la planificación fiscal nociva, sin (por supuesto) por ello lesionar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

(1) El nuevo régimen de información de planificaciones fiscales (PF) implementado mediante la RG 4838/20 AFIP 03/11/2020 Fabiana Iglesias Araujo y Silvina Érica Coronello https://www.ambito.com/novedades-fiscales/novedades-fiscales/el-deber-informar-las-planificaciones-fiscales-y-el-secreto-profesional-n5145046

(2) https://www.facpce.org.ar/por-la-derogacion-de-la-rg-afip-4838-2020-apoyamos-los-reclamos-administrativos-de-la-profesion/

(3) https://consejo.org.ar/noticias/2020/Derogacion-RG4838-reclamo-judicial

(4) ALADI, MERCOSUR, GATT, etc.

(5) C. 486.XLIII.Camaronera Patagónica S.A. e/ Ministerio de Economía y otros s/amparo. https://www.cij.gov.ar/nota-13220.

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