Entre las medidas que tiene en carpeta el Gobierno nacional se encuentra la de presunción de inocencia fiscal, a partir de la cual se generan ciertas inquietudes respecto de su concreta aplicación
El Gobierno impulsa la presunción de inocencia en materia fiscal
En el proyecto de Presupuesto 2026 anunciado por el presidente Milei por cadena nacional, se hizo mención de la Ley de Inocencia Fiscal. El titular de ARCA señaló que esta medida "no solamente va a generar la posibilidad de ingresar fondos a la economía para incentivar la producción, sino que busca instaurar un cambio en la filosofía y la práctica del régimen tributario argentino".
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Atento esta iniciativa del Gobierno nacional, surgen algunos interrogantes en torno a su aplicación efectiva y futuros efectos.
Es difícil vislumbrar cómo mediante el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal el Gobierno piensa incrementar los fondos en la economía (o en qué sentido lo están pensando).
Además, entre las propuestas de cambio se establece que, en términos generales, pagando se puede salir de la cuestión penal, aunque sea por única vez.
Lo que sí es cierto es que se hace una reducción en la burocracia fiscal, principalmente a la hora de hacer imputaciones penales.
En cuanto a la simplificación tributaria en el Impuesto a las Ganancias, la propuesta es transformar en una liquidación administrativa lo que se debía hacer mediante declaración jurada. Ahora, también debería revisarse la situación de los monotributistas, en el sentido de que si el régimen seguirá conviviendo con el simplificado o se eliminará.
También se hace alusión a que la adhesión funcionará como “tapón fiscal” y entiendo que, en la medida que no haya inexactitudes en lo declarado en el último período fiscal, se presumirá exactitud en las declaraciones juradas anteriores. Esto no es un blanqueo, pero dará cierta seguridad jurídica de lo presentado en tanto no se detecten inconsistencias o errores.
Otra de las modificaciones propuestas consiste en reducir el plazo de prescripción en materia impositiva y previsional. Esto generará dos efectos. Uno vinculado a la seguridad jurídica de saber que las liquidaciones presentadas son, en principio, correctas y en tanto no se encuentren discrepancias ni errores. Pero lo segundo es que exigirá al fisco actuar con más rapidez en las inspecciones o hacerlo más eficientemente.
Se puede concluir que si el Gobierno apunta a que haya más inversiones a partir de tener mayor seguridad jurídica, las modificaciones comentadas son un buen punto de partida. Pero necesitará de tiempo para que esas inversiones se concreten, ya que primero deberá aprobarse la ley, luego reglamentarse y ponerse en práctica.
Posteriormente, los inversores deberán creer y confiar en que el país no sufrirá vaivenes políticos que interfieran en los proyectos de inversión y su rentabilidad y, luego, logrado todos estos pasos, vendrán las utilidades a nivel país.
Gerente de Impuestos de Pgk Consultores
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