Nuevo pacto entre Kirchner y Moyano

Hugo Moyano

El acuerdo entre Néstor Kirchner y Hugo Moyano se extiende hacia las segundas líneas de la administración y ya no abarca la actividad específica del camionero, es decir, el transporte. Ahora el jefe de la CGT manejará, también, la «caja» de las obras sociales. Sólo falta que se suscriba el decreto respectivo para que el abogado Juan Rinaldi se ponga al frente de la Administración de Programas Especiales (APE).

Este nudo entre la Casa Rosada y el Sindicato de Camioneros se suma a otros ya muy llamativos. En este diario se publicó temprano que el gobierno le concedió a Moyano una ventaja extraordinaria en la construcción de su poder sindical: se dispuso a través de una resolución de la Secretaría de Transporte, suscripta también por Roberto Lavagna y Julio De Vido, que las empresas que rubriquen el convenio laboral de ese gremio se beneficiarán con un jubileo de un año y medio en las contribuciones patronales. El subsidio provendrá del Fondo Especial del Gasoil, creado por ley este año. Claro, para que se pueda perfeccionar esta ventaja, los empresarios del transporte tendrán que dotar a su personal de una cartilla de salud especial. Sólo la concede la obra social de Moyano. A esta prebenda hay que sumar otras. Por ejemplo, el papel decisivo de Moyano en la administración de los suculentos subsidios al transporte de cargas, que suman más de 80 millones de pesos por mes. O la instalación, en el segundo escalón de la Secretaría de Transporte, de su propia «mano derecha» en el sindicato, Jorge González. Hay que recordar -sucederá más abajo- que Moyano fue el único sindicalista a quien Kirchner abrió sus listas electorales para que incluya a candidatos a diputados, como el caso del abogado Héctor Recalde, por ejemplo. Son datos que ilustran la dimensión «visible» del pacto negro. Pero en el sindicalismo ligado al camionero se habla también de un costado invisible, que por esa condición el periodismo no puede consignar. Por ahora.

Para que se comprenda el significado de esta nueva designación se requieren algunos detalles.

El APE es la oficina desde la que se reparten los subsidios que reciben las obras sociales sindicales por distintas razones, más o menos objetivas. Desde allí se compensan algunas erogaciones por prestaciones de alta complejidad y se enjuga el déficit que puedan tener algunas entidades, gracias a un fondo de redistribución al que aportan los trabajadores con una parte de su contribución a la obra social a la que están afiliados.

Para cualquier político que comprenda la inserción del sindicalismo en el negocio de la salud, desde esta dependencia se puede disciplinar a los gremios, empobrecer a unos, beneficiar a otros; en definitiva, alinear. No en vano Carlos Menem puso al frente de estas funciones a Luis Barrionuevo, figura clave en la división de la CGT y la organización de un gremialismo oficialista durante los '90, sobre todo en la etapa en que comenzó a discutirse la privatización de empresas de servicios públicos.

• Compensación

Ahora el lugar de Barrionuevo, mutatis mutandi, lo ejercerá Moyano, pero no personalmente, sino a través de su aguerrido abogado sindical, Rinaldi. Es el hombre que suele litigar en nombre del jefe de los camioneros, con métodos e ínfulas más enojosos que los que caracterizan al otro laboralista que inspira Moyano, Recalde, quien al lado de Rinaldi parece un nuncio apostólico. El delegado de Moyano en la «caja» de la salud cultiva también a otros gremialistas del sector, igualmente agresivos: por ejemplo, Enrique Omar Suárez, alias «el Caballo», titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Moyano no se quedará satisfecho, sin embargo, con la instalación de uno de sus hombres de confianza en el lugar donde se regula la economía del sindicalismo. También pretende que se designe allí a uno de sus médicos allegados, Carlos Marini, un Rinaldi de la salud.

Con estas nominaciones, el titular de la CGT pretende compensar los fracasos que lo aquejaron en la pelea electoral del 23 de octubre. No consiguió, a pesar de sus desvelos, ubicar en una banca a Julio Piumato ( Judiciales) y tampoco al «Caballo» Suárez, quien pretendía convertirse en diputado por Corrientes, su provincia natal. Lo que le darían ahora desde el gobierno representa en poder y dinero bastante más que dos bancas en el Congreso. Si es por la colocación de legisladores, mejor le fue a Víctor De Gennaro y su CTA: con menos costos políticos de adhesión al oficialismo ubicó a Edgardo Depetri ( piqueteros) y Francisco Gutiérrez (UOM).

Estas designaciones expresan, obviamente, un acuerdo cada día más estrecho entre la Casa Rosada y la CGT. Es posible que hasta se transformen en un cautiverio para Kirchner, quien más allá de la simpatía o el desprecio que sienta por el camioneroparece sentirse obligadoa compensar de algún modo la «paz social» que le ofrecen desde el sindicalismo oficialista. ¿Alcanzará con la limitación que pretende introducir entregándole la Superintendencia de Servicios de Salud a Alberto Fernández? El jefe de Gabinete planea designar en ese organismo regulatorio a Héctor Capaccioli -actual funcionario porteño-, una figura clave de su entorno y de sus movimientos en el PJ Capital a quien otrora se soñó al frente del COMFER. Un retroceso para Néstor Vázquez, otro colaborador de Fernández en el área, que carga con el pasado gravoso de haber secundado a José Luis Lingieri en la «caja» que ahora le entregan a Moyano en tiempos de Menem.

Tampoco festeja con el avance de Capaccioli el experto Claudio Heredia, quien fue una figura ascendente en el PAMI de los '90, sobre todo después de que dejó el organismo Máximo Pérez Catán. Tiempos de Matilde Menéndez, casi la prehistoria.

Con este nuevo diseño, pierde más poder Ginés González García, el ministro de Salud, a quien «de facto» le intervendrían otra zona estratégica de su área (ya le restaron el PAMI; como se sabe, Graciela Ocaña reporta políticamente a la Jefatura de Gabinete). Con el ascenso de Capaccioli quedaría defenestrado Rubén Torres, un hombre del ministro. Pero, sobre todo, perderían peso «los gordos» -valga la paradoja-, quienes tuvieron una inserción en el área a través del vínculo de Carlos West Ocampo con González García. Otro motivo más de este sector sindical para odiar a Moyano.