Argentina, una nueva oportunidad

El diagnóstico es contundente: desplome de obras públicas, estancamiento laboral y depreciación acelerada del capital obligan a definir prioridades para sostener infraestructura crítica.

Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

La construcción en el país se encuentra aún en una situación muy grave, con muy bajo nivel de actividad y con un empleo estancado por más de 18 meses, luego de una abrupta caída del orden del 25% entre mayo de 2023 y mayo de 2024, afectando alrededor de 100.000 puestos de trabajo.

En la caída influyó mayoritariamente la abrupta reducción -virtual desaparición- de las obras públicas nacionales desde diciembre de 2023.

La obra privada no contrapesó esta reducción de las dotaciones y la actividad pues se vio afectada también por incertidumbres y volatilidades en costos internos y el tipo de cambio.

Como constructores, tenemos fe y la voluntad de concretar una nueva oportunidad

Sin embargo, la perspectiva para el año próximo no es muy positiva, con una muy baja previsión para inversión pública en el proyecto de Presupuesto Nacional, enviado recientemente al Congreso.

Perspectivas para la inversión en infraestructura

La ausencia de inversión positiva (neta de depreciación) durante las últimas décadas lleva a una situación de decadencia y pérdidas de competitividad.

De todas maneras, esperamos que la discusión en las Cámaras permita una mayor asignación de recursos a aspectos impostergables como cierto mantenimiento mínimo de redes viales y medidas urgentes sobre transporte eléctrico, pues continuar con su desatención afectaría directamente la producción del país, y la seguridad y servicios esenciales para la comunidad.

Existen algunas esperanzas de que aprovecharemos una nueva oportunidad

Una es que aportes de Bancos Multilaterales permitan mitigar la situación y atender los aspectos de inversión más urgentes y que vuelvan a asignarse al fin previsto en la legislación (vial, hídrico) los fondos derivados del Impuesto a los Combustibles

También, alienta que algunos gobiernos provinciales hayan reforzado su inversión en infraestructura, aunque centrados especialmente en temas viales.

Por otro lado, las infraestructuras requeridas por la minería o el petróleo y gas se ven afectadas por la falta de recursos públicos, pero creemos que el interés o urgencia para producir de esos sectores, más los resultados previsibles de la explotación y la solvencia de esas empresas hacen más factibles su concreción con aportes financieros de los interesados o la estructuración de créditos de apoyo. Ese sector es una enorme oportunidad para el futuro

Considerando los distintos aspectos de la Construcción, podemos señalar que el sector de la obra privada requiere de un marco macroeconómico estable, con baja inflación, aspectos en lo que se ha avanzado sensiblemente; pero también requiere que se consoliden perspectivas a mediano plazo que den certidumbre. Creemos que 2026 puede ser un buen año.

Pero, para el crecimiento, será imprescindible potenciar el crédito hipotecario a compradores y desarrolladores, que facilite el acceso de una demanda potencialmente muy alta.

Debe avanzarse en ese sentido en la securitización de hipotecas, la implementación de la Hipoteca divisible, y los incentivos a la ampliación del mercado de capitales local.

La inversión como condición del crecimiento

En cuanto a la infraestructura de uso público ya hemos señalado que vemos un escaso aporte del Tesoro Nacional para 2026. El aporte alternativo de sectores privados a esa infraestructura pública requiere de condiciones macroeconómicas estables que lleven el riesgo país a niveles inferior a los 300 a 400 puntos, pero además requiere, en las condiciones de licitación, de una distribución razonable de los riesgos entre el sector público y el privado. Aun así, en el mundo, ese aporte privado de los Concesionarios en proyectos repagados por los usuarios solo financia alrededor del 15 % de la inversión ejecutada cada año. El resto debe ser aportado en algún momento por el sector público, en alguno de sus tres niveles.

Por tanto, entendemos que el aporte del sector público seguirá siendo imprescindible. Esperemos que pronto los mayores ingresos fiscales derivados del crecimiento del país lo permitan sin afectar el equilibrio fiscal.

Estamos convencidos que la solución para la justificada puja distributiva entre sectores solo puede ser la inversión productiva, prerrequisito del crecimiento.

Trabajos de APE -Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción-, basados en modelos de crecimiento económico realizados por distinguidos especialistas, señalaron que la inversión en activos de infraestructura expande el PBI potencial, es decir lo que el país puede producir. Define así el crecimiento posible y la competitividad del país. Pero además hace la calidad de vida de la comunidad.

Esto fue claramente consensuado por los representantes de los sectores productivos -G6- y de los trabajadores -CGT y UOCRA- que conforman el CPI Consejo de Políticas de Infraestructura.

En 2023, los participantes de CPI emitieron Recomendaciones de Políticas Permanentes de Infraestructura, que resaltan la necesidad de la inversión. Estamos ante una oportunidad de convertirlas en Políticas permanentes.

La ausencia de inversión positiva (neta de depreciación) durante las últimas décadas lleva a una situación de decadencia y pérdidas de competitividad.

La citada Área de Pensamiento Estratégico -APE- desarrolló, en 2024, un estudio del Stock de Capital de 22 tipos de infraestructura existente en el país, exponiendo que la pérdida anual en ese patrimonio productivo es de u$s 25.000 millones al año, es decir alrededor de u$s70 millones al día.

Esa depreciación debería ser -por lo menos- compensada para que, cada año, no se reduzca lo que el país puede producir utilizando esa red de infraestructuras.

El Gobierno Nacional ha explicitado, desde el cambio de administración, que promueve la inversión privada en infraestructura.

Coincidimos en la necesidad de lograr esos aportes privados pues la brecha entre las necesidades de servicios de infraestructura y lo disponible es tan amplia -y crece tan rápido- que es necesario todo aporte posible.

Pero ese aporte privado no puede concretarse salvo en determinados sectores -donde es posible la retribución al inversor a través de peaje o canon pagado por el usuario- y una vez cumplidas las condiciones ya señaladas.

Pero debemos resaltar que es vital no abandonar el mantenimiento de las infraestructuras existentes, las viales y el resto. El daño provocado por no mantener oportunamente es exponencialmente mayor al “ahorro”.

En conclusión, las perspectivas para 2026 son aún poco alentadoras para el sector, pero creemos que se abre una ventana de oportunidad si, entre todos los actores productivos, consensuamos y logramos una inversión fuerte y continuada en infraestructura. Su abandono o deterioro trabaría el crecimiento del país cuando dejemos atrás la inflación y las incertidumbres.