Cámara exige investigar responsabilidad oficial

La Cámara Federal en lo Criminal ha ordenado al juez federal Guillermo Montenegro o a quien lo suceda en el cargo investigar si funcionarios públicos pudieron tener responsabilidad penal en la crisis de solvencia y liquidez de 2002, que llevó a las instituciones financieras hacia el colapso, recriminándole haber «olvidado» que restaba investigar la falta de control que se les atribuyó a las autoridades de la Superintendencia de Entidades Financieras y al directorio del Banco Central.

No hace falta una investigación criminal para conocer la responsabilidad de los funcionarios del BCRA. La incógnita es si hay responsabilidad penal.

En la época de Lorenzo el Magnífico, los «banqueros» se sentaban con un ábaco a la espera de los clientes para sus transacciones. Cuando en Florencia un «banquero» quebraba, el resto rompía su ábaco para que no pudiera ya volver a intermediar el crédito público. Bancarrota. Pero siglos más tarde, romper la lapicera de los reguladores es un poco más difícil, por la maraña de leyes que protegen cualquier a burócrata de la ignorancia de sus actos. Son inimputables.

Cuando el gobierno argentino decidió intervenir en los contratos entre particulares en el malhadado «corralito», generó una enorme transferencia de riqueza, desde los acreedores del sistema económico a favor de los deudores.

El secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, les echó la culpa a los bancos, que « crearon dólares virtuales» aceptando pesos para constituir depósitos en dólares, ignorando que no podían hacer esa operatoria, ya que no podían «descalzar» el activo respecto de la moneda de su activo.

Cuando el gobierno fijó la paridad de un dólar en $ 1,40, obligó a las entidades a vender al BCRA todos los dólares a ese precio, con independencia de cuanto costara un dólar en el mercado. Por supuestoque los bancos no podíanhacer otra cosa que entregar los dólares al BCRA, aun a sabiendas de que los jueces iban a proteger a los ahorristas contra los disparates de la administración. Un cálculo aproximado señala que la mitad de los redescuentos otorgados por el BCRA a las entidades tuvo como destino el cumplimiento de medidas cautelares.

Entonces, la propaganda gubernamental echó la culpa a la Corte Suprema, al fallar contra lo que el Estado quería. La pregunta es qué otra cosa podría haber fallado la Corte, cuando el mismo Congreso que la acusó de subversiva fue el que votó la ley de intangibilidad de los depósitos, que la Corte no tuvo más remedio que aceptar si no quería abandonar la jurisprudencia de la Constitución americana.

En 1810, la Corte de los Estados Unidos dictaminó que un contrato era válido «más allá de lo que pudieran pensar los hombres comunes acerca de su ética». Ya en 1803, reafirmaba el poder conferido por la Constitución de revisar judicialmente las leyes, «en particular si los políticos populistas, aprovechando la difusión del sufragio, atacan la propiedad legítima para congraciarse con el populacho. Para Marshall, no había diferencia entre «la chusma que se apoderara de La Bastilla por la fuerza y una turba legislativa que intente tomarla sirviéndose de una ley inconstitucional». Que la Corte argentina hubiera sostenido otra cosa diferente de la ley era un papelón.

Ahora, la Cámara Federal ha decidido «investigar», sosteniendo que no se realizó un «peritaje contable» para determinar la responsabilidad de funcionarios. Sería divertido conocer a qué conclusiones podría arribar tal peritaje. Cada vez que un demandante concurre a un tribunal sosteniendo que dos más dos es cuatro, inmediatamente se ordena un «peritaje contable». Pero luego los jueces opinan como si entendieran de procesos económicos, de finanzas y de cualquier otra cosa que les parezca bien. Todo lo que Montenegro debe haber evaluado es si el beneficiario del disparate era el Estado. Sólo debía leer las comunicaciones del BCRA en el entorno de la Com. A 3429 y mandar a archivar la causa, que seguramente terminará en una nueva Fuenteovejuna.

Winston Churchill sostenía ya en 1920 que el grado de maldad de cualquier persona era infinitamente menor que el grado de maldad de un estado: según Churchill, ninguna persona contaba con los conocimientos ni con el ánimo de hacer el mal en una medida similar a un gobierno, que podía aterrorizar a sus súbditos. Como era inteligente, no podía suponer ignorancia. Debería haber vivido para conocer a los burócratas argentinos.