Cómo se negocia de buena fe la deuda

El gobierno se niega a enfrentar con divisas de las reservas el pago del vencimiento de u$s 3.300 millones del 9 de marzo; a menos que haya una promesa firme de pronta restitución de las reservas. Por ello, el motivo de la entrevista era asegurar que las metas del acuerdo correspondientes a diciembre de 2003 sean aprobadas rápidamente por el directorio del Fondo. Para los organismos internacionales tampoco sería una buena noticia que la Argentina caiga en «full default» por no poder cumplir con las metas del acuerdo. Implicaría mandar a pérdida todos los créditos otorgados al país, con el consecuente perjuicio patrimonial, además de las «facturas» que deberán enfrentar por ello sus funcionarios.

Si bien hasta ahora se han cumplido las metas, existe un factor que fuerza al FMI a presionar para que la Argentina cambie su estrategia de reestructuración y «curarse en salud». En setiembre de 2003 se llegó a un acuerdo de corto plazo y se lo disfrazó de «largo». Se dijo que se refinanciarían los vencimientos de capital hasta finales de 2006 y se fijaron metas solamente hasta 2004. La idea era que la Argentina cerrara la negociación por la reestructuración de deuda en el presente año y eso permitiera determinar las necesidades de recursos para su pago y, por ende, el superávit primario necesario. Si el gobierno fracasa en cerrar, antes del cuarto trimestre, una reestructuración exitosa, ¿cómo hará el FMI para acordar las metas de superávit primario? Cualquier meta fiscal que imponga será interpretada como un parámetro que condicionará las futuras negociaciones con los acreedores.

«Negociar de buena fe» implica no agredir a los acreedores, a quienes inevitablemente habrá que hacerles una quita elevadísima sobre sus ahorros. No parece «buena fe» acusarlos a todos de fondos buitre, cuando las estadísticas oficiales reconocen que éstos no superan 20% de la deuda a reestructurar. Tampoco lo parece el tildarlos de «especuladores» y «timberos» que pretendían ganar 30% anual, cuando la mayoría de ellos compraron esos papeles con rendimientos razonables que no superaron los 7 puntos porcentuales sobre la tasa de EE.UU., e incluso rondaron 3 o 4 puntos por encima de ella.

Si el país es un «casino», lo es por la falta de respeto de los derechos e instituciones preservados en la Constitución y porque para nuestra dirigencia política «el fin justifica los medios». Esto fue así, lo sigue siendo y amenaza con condicionar fuertemente nuestro futuro. Invertir en un país con esas características tiene la misma incertidumbre que jugar un pleno en el casino. Lamentablemente esto no parece haber cambiado y es responsabilidad pura y exclusiva de los argentinos.

Se podrían evaluar distintas alternativas para poder mostrar vocación de negociar con buena fe. Las primeras dos tienen el supuesto heroico de que alguien nos quiera financiar. La tercera considera la reflotada propuesta de un bono que premie a los que apuesten al crecimiento argentino.

a) Los organismos han recibido en los últimos años pagos netos de la Argentina por u$s 7 mil millones y si el país sigue en el marco del acuerdo continuará abonando los intereses. Por ello, podrían estudiar darle a la Argentina créditos netos por un cuarto de los intereses de la deuda en default vencidos hasta fin de 2004, a cambio de que el G-7 haga un esfuerzo equivalente. Luego ambos propondrían al gobierno local y a los acreedores que, si cierran un acuerdo exitoso (más de 70% de aceptación), financiarán con dichos fondos el pago en efectivo de la mitad de los intereses devengados a aquellos acreedores que acepten la reestructuración. Esos fondos implicarán la compra por parte del G-7 y de los organismos del bono más largo y sin quita que se emita. De esta forma, colaborarían a cerrar el tema, a que no se caiga el acuerdo con el FMI y a no terminar en cesación de pagos total, lo cual permitiría a los propios organismos internacionales seguir cobrando los rendimientos de sus créditos. Por otro lado, para el G-7 no sería un costo muy grande para ayudar a resolver el problema de cientos de miles de sus residentes que tienen papeles argentinos impagos y evitar que dichos organismos, de los que son principales accionistas, tengan que contabilizar grandes pérdidas. Los acreedores en cesación de pagos tendrían el incentivo de cerrar un acuerdo para hacerse del efectivo prometido y el gobierno, de terminar exitosamente una reestructuración de pasivos dificultosa.

b) Otra propuesta sería una versión de la diseñada por el lic. Santiago Gallichio y el Dr. Martín González Eiras quienes sugieren la posibilidad de conseguir un aporte del G-7 a cambio de la venta de la mitad de las acciones de la Argentina en el FMI. El G-7 podría aumentar así su capacidad de decisión en el organismo. Con los recursos obtenidos, el gobierno podría ofrecerle a los acreedores pagarles parte de los intereses caídos en efectivo si aceptan la reestructuración propuesta. Además, la Argentina vería limitada en el futuro su capacidad de endeudamiento con el Fondo (lo cual los «progres» del país consideran positivo) y la reestructuración podría cerrarse exitosamente.

c) Por último, si no hay financiamiento externo, el gobierno podría ofrecer a los acreedores mejorar la oferta de Dubai «asociándolos» en la posibilidad de que al país le vaya bien. Esto no debería hacerse con la oferta de un bono cuyas condiciones básicas sean peores a las entonces propuestas, pero que pudiesen mejorar si a la Argentina le va bien. Pues ello implicaría pedirles que acepten un enorme riesgo especulativo, cuando la mayoría de los inversores son personas físicas que seguramente tendrán aversión a asumirlo. En cambio, podrían estructurarse los bonos de la propuesta de Dubai, agregándoles un artículo en el que se especifique que si las tasas de crecimiento del PBI argentino en dólares superase en el tiempo un determinado nivel considerado razonable, los pagos que recibirán los acreedores serán mayores. Por lo tanto, la confianza que se ganaría con una reestructuración de «buena fe» exitosa de la deuda permitiría crecimientos mayores a los previstos, los que podríamos compartir (en una parte menor) con los acreedores en cesación de pagos.

Más allá de que convenga o se pueda viabilizar alguna de las propuestas anteriores, sería bueno que todos los argentinos propongamos nuestras mejores ideas para una negociación de «buena fe». Es esperable que, a partir de 2005, el contexto internacional sumamente favorable que nos acompañó por más de dos años y que presumiblemente seguirá en 2004 empiece a revertirse. Demorar la solución sólo la encarecerá y dificultará, ya que las mismas condiciones con mayores tasas de interés vigentes serán más inaceptables. Además, en un mundo menos líquido, con suba del dólar y con peores precios para nuestras exportaciones, mantenernos en un default perpetuo nos hará lucir menos atractivos para la inversión, hoy de por sí escasa. No hay país que pueda desarrollarse para brindarle empleo y bienestar económico en el tiempo a su población sin un flujo creciente de inversión privada.