Derrotado: peleábamos un modelo

El juez Luis María Cabral no pudo traducir en hechos la abrumadora victoria que el martes alcanzó su lista en los comicios para renovar autoridades en la Asociación de Magistrados. Esas elecciones legitimaban la aspiración del juez para presidir el Consejo de la Magistratura en su nueva versión de 13 miembros. El jueves pasado estuvo a punto de alcanzar ese cargo frente a la inesperada ausencia del oficialismo. Por esa afrenta, debió batallar con el mal humor del bloque político kirchnerista que ayer lo fustigó con un «voto castigo». Veamos lo que dijo el magistrado a este diario de su tirante relación con los legisladores kirchneristas.

Periodista: ¿Qué se discute en el consejo: los cargos o el modelo político? Porque algunos políticos sostienen que usted defiende el modelo viejo de la corporación judicial y por eso no quieren votarlo.

Luis María Cabral: Acá no se discuten cargos. Se discute un modelo político en particular que ha merecido serias objeciones. Este modelo de Consejo de la Magistratura ha sido cuestionado por restringir la participación de los sectores involucrados y por el desequilibrio que produjo la reducción (de 20 a 13) del número de miembros. Por lo tanto, acá no existe un intento de consolidar un modelo corporativista de defensa de los jueces. Se defiende la jurisdicción para dictar sentencia. El sistema ha dejado en manos de los jueces esa soberanía: un juez no puede ser destituido por una sentencia mientras no constituya un delito o una irregularidad. Eso es lo que preservamos.

P.: Bueno, pero hay quienes ven en esta postura una defensa en favor de la denominada «familia judicial»

L.M.C.: Mire, quienes no son dignos de ser jueces deben ser removidos. Nosotros no vamos a proteger a nadie ni vamos a promover a nadie por clientelismo político. El Poder Judicial no es una «familia», sino un poder de Estado.

P.: ¿Reviste tanta importancia el control de la secretaría general o de la administración como para mantener este cortocircuito entre jueces y políticos?

L.M.C.: Es claro que la Constitución nacional ha querido dividir misiones. Los políticos deben estar en la selección de los candidatos jueces para controlar la calidad de éstos. Y deben también controlar el desempeño jurisdiccional. Esto es, si un juez cometió un delito o no al dictar sentencia. En la cuestión disciplina y administración debe tener preeminencia el sector judicial.

P.: En rigor, la pelea por la cartera administrativa es una disputa por el control de 1.500 millones de pesos anuales que tiene como presupuesto el Poder Judicial.

L.M.C.: Está establecido que la cabeza del gobierno del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia y que la administración, con funciones puntuales, está en poder del Consejo de la Magistratura. En este esquema entendemos que la autarquía y la autonomía para la administración del Poder Judicial, esto es el Presupuesto, debe ser ajena a la injerencia de otros poderes del Estado más allá de la presencia que puedan tener en estas comisiones. Eso debe quedar claro como también que nosotros no vamos a entrar en ningún conflicto con la Corte Suprema, que tiene funciones precisas como cabeza de Estado.

P.: El bloque político que responde al oficialismo argumenta que quiere controlar la administración porque los jueces se gastan el dinero de la Justicia haciendo turismo y en contrataciones de consultoras y de empleados que despuésno saben qué hacer.

L.M.C.: Si eso ocurre, habría que ver y enderezarlo. Y si hay responsables del desvío, entonces sancionarlos. Pero yo no conozco eso, por lo menos, de parte de los jueces. Creo que se trata de una incomprensible pretensión de los políticos. No quiero especular, pero en todo caso es una equivocada visión de lo que es un poder del Estado. Puede que ese avasallamiento tenga que ver con el control de juridicidad de los actos de gobierno.

P.: ¿Hubo una «confabulación» entre jueces y radicales para quedarse el jueves pasado con el control de la Magistratura?

L.M.C.: Fui a cumplir con el quórum de un plenario legítimamente convocado. No intenté ninguna maniobra al respecto. Siempre dije públicamente que un acuerdo de gobernabilidad debe incluir a la mayoría política del consejo.